El mito de los incentivos en materia de propiedad intelectual para todas las naciones. Preguntas y respuestas con Carlos Correa

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20/06/2018 – El Dr. Carlos María Correa, economista y abogado argentino, es conocido en todo el mundo por sus conocimientos especializados sobre comercio internacional, propiedad intelectual, salud, transferencia de tecnología, políticas de inversión y, especialmente, su impacto en los países en desarrollo. Actualmente, se desempeña como Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Universidad de Buenos Aires. A partir del 1 de julio de 2018, asume funciones como Director Ejecutivo de la Secretaría del Centro del Sur con sede en Ginebra. El Dr. Correa concedió recientemente una entrevista a Patralekha Chatterjee para Intellectual Property Watch. [Nota: Esta entrevista es la número dos de dos. La primera, con el Dr. Othoman Mellouk, está disponible aquí.]

Intellectual Property Watch (IPW): El sentido común nos dice que una sólida protección de los derechos de propiedad intelectual propicia el desarrollo mediante la promoción de las innovaciones. Sin embargo, ¿tienen esos derechos el mismo impacto en todos los países, independientemente del nivel de desarrollo?

CARLOS CORREA: El impacto de la propiedad intelectual, como de cualquier otra política, depende del contexto específico en el que se aplica. El argumento de que la propiedad intelectual tiene el mismo efecto independientemente del nivel de desarrollo es simplemente ilógico, una simplificación inadmisible desde el punto de vista teórico y práctico. Por ejemplo, parece evidente que el incentivo que la propiedad intelectual puede generar en relación con la innovación no será el mismo en países con una estructura industrial diversificada y avanzada que en aquellos países que dependen de la producción y el comercio de productos básicos.

IPW: De los principales argumentos que se basan en el vínculo de los derechos de propiedad intelectual con el comercio y la innovación, ¿cuántos son válidos y cuántos son un mito?

CORREA: Toda simplificación de esos vínculos puede caracterizarse como un “mito”. La protección de la propiedad intelectual no propicia necesariamente más innovación o comercio. De hecho, puede tener el efecto opuesto. Por ejemplo, si las empresas locales que se encuentran en una etapa temprana de desarrollo tecnológico no pueden introducirse en determinados mercados, no lograrán avanzar en la curva de aprendizaje ni modernizarse desde el punto de vista tecnológico. Según los estudios históricos, en la actualidad los países desarrollados modernizan sus procesos de industrialización sobre la base de la ausencia de protección de la propiedad intelectual o de regímenes flexibles de propiedad intelectual. El propio Estados Unidos es un buen ejemplo en este sentido.

IPW: ¿De qué manera se pueden poner en entredicho los mitos que rodean los derechos de propiedad intelectual y el comercio y la innovación? ¿Qué función considera que la sociedad civil debería desempeñar, tanto a nivel local como mundial, para hacer frente a los desafíos actuales en esta esfera y proteger la salud pública y el interés público?

CORREA: Estos mitos pueden cuestionarse sólidamente sobre la base de la gran diversidad de publicaciones académicas sobre el tema, incluidos los estudios generales, sectoriales y de los países. Las publicaciones se han centrado principalmente en los derechos de patente, aunque también se dispone de estudios sobre otros aspectos de la propiedad intelectual. El interés público puede protegerse si se evalúan adecuadamente las necesidades y las políticas específicas de cada país y si se opone resistencia a las exigencias (o presiones) de aumentar el nivel de protección de la propiedad intelectual. La política sobre propiedad intelectual que se ha adoptado recientemente en Sudáfrica brinda un buen ejemplo de la forma en que una política puede elaborarse teniendo en cuenta los intereses públicos, y no las opiniones dogmáticas en la materia.

IPW: Muchas economías emergentes, como la India, que tratan de atraer inversiones extranjeras, se encuentran bajo una enorme presión para que acepten el argumento de que sin un régimen estricto de derechos de propiedad intelectual, como las medidas ADPIC plus, las inversiones extranjeras no llegarán y eso podría socavar sus aspiraciones de impulsar el crecimiento económico. ¿Se dispone de pruebas que respalden esta línea de razonamiento?

CORREA: No hay pruebas concretas en ese respecto. Hay otros factores que atraen principalmente las inversiones extranjeras directas, por ejemplo, el tamaño del mercado y el crecimiento previsto, la estabilidad política y un sistema judicial que funcione correctamente. La India ha mantenido un crecimiento económico constante y hoy es una de las economías mundiales más importantes. También cumple las normas de propiedad intelectual aceptadas internacionalmente tal como se establecen en el Acuerdo sobre los ADPIC. No habría una necesidad real de aumentar o ampliar la protección de la propiedad intelectual para atraer las inversiones extranjeras directas.

IPW: Las economías emergentes, como la India, también muestran interés por convertirse en centros de innovación. Al mismo tiempo, hay cuestiones de interés público, como la necesidad de proporcionar medicamentos a millones de personas pobres a precios asequibles. Habida cuenta de los desafíos actuales, ¿cómo logramos equilibrar la innovación con derechos de propiedad intelectual y el interés público? ¿Qué aconsejaría a esos países?

CORREA: Cada país tiene que definir la manera de incorporar la propiedad intelectual en las políticas nacionales. Mi consejo sería estudiar objetivamente la situación y las perspectivas de los diferentes sectores de la economía, así como las repercusiones sociales de la propiedad intelectual, y sobre esa base adoptar las políticas adecuadas. Por supuesto, el Acuerdo sobre los ADPIC establece algunas limitaciones, pero sus efectos podrían atenuarse aplicando las flexibilidades previstas en dicho acuerdo, que revisten particular importancia en la esfera de la salud pública. También sería importante reconocer que una política racional debería procurar fomentar tanto la innovación como el acceso a sus resultados, y que la propiedad intelectual no propicia automáticamente más y mejores innovaciones. La difusión de los conocimientos y las tecnologías es fundamental para el progreso de una sociedad.