Legisladores de EEUU en busca de organismo encargado de la observancia de las normas de PI

Por Dugie Standeford para Intellectual Property Watch
Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses solicita sanciones civiles y penales más severas para la violación de los derechos de autor y marcas registradas mediante un nuevo proyecto de ley presentado la semana pasada. Por otro lado, la Junta de Regalías por Derechos de Autor (CRB) de la Biblioteca del Congreso de EE. UU. ha establecido regalías para los servicios de radio satelital, al mismo tiempo que las compañías de radiodifusión por Internet presionaban para que hubiera paridad en las tarifas.

El proyecto de ley PRO IP (Ley para priorizar los recursos y la organización para la propiedad intelectual) de 2007, que se presentó el 5 de diciembre, crearía la figura de un dignatario encargado de la observancia de las normas de propiedad intelectual, establecería una nueva división de propiedad intelectual en el Ministerio de Justicia y autorizaría el nombramiento de funcionarios en el área de propiedad intelectual a fin de ayudar a los países extranjeros a combatir la piratería y la falsificación.

La medida, HR 4279, fue elogiada por los sectores industriales y cinematográficos, pero un grupo de interés público advirtió que las sanciones más altas podrían tener consecuencias impensadas para los consumidores.

Estados Unidos necesita la ley PRO IP para mantener su competitividad en el mercado mundial, señaló John Conyers, Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, quien fue coautor del proyecto de ley. La medida está respaldada por los sindicatos y los grupos industriales preocupados por el creciente costo económico de la falsificación y la piratería, que actualmente se estima entre $500.000 y $600.000 millones por año en ventas perdidas y del cinco al siete por ciento del comercio mundial, agregó.

La propuesta aumenta significativamente las sanciones por violaciones a los derechos de autor y marcas registradas, y refuerza las disposiciones civiles y penales sobre incautaciones. Establece la Oficina del Representante para la Observancia de las Normas de Propiedad Intelectual de Estados Unidos en la Oficina Ejecutiva del Presidente como “asesor principal” del presidente en materia de observancia de las normas de propiedad intelectual, a fin de coordinar y mejorar los esfuerzos nacionales y mundiales por hacer cumplir las normas. Al parecer, esta acción colocaría a la observancia de las normas de propiedad intelectual en el mismo nivel que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en la Oficina Ejecutiva.

La medida autoriza al director de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos a nombrar a 10 agregados en el área de propiedad intelectual para asesorar a los gobiernos extranjeros sobre la observancia de las normas de propiedad intelectual, en especial contra la piratería y la falsificación, y ayudar a los titulares de derechos otorgados por EE. UU. a proteger dichos derechos en el extranjero. Crea una nueva división permanente de propiedad intelectual en el Ministerio de Justicia, que se encargará de coordinar actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley; transfiere las funciones de la actual sección de Crímenes informáticos y propiedad intelectual a dicha división y le otorga al organismo financiamiento y personal adicionales.

Dan Glickman, Presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, dijo que la comunidad empresarial “puede expresar unánimemente” su apoyo a la ley. John Engler, Presidente de la Asociación Nacional de Manufactureros, consideró que se trata de un importante primer paso para abordar “un problema que aqueja a casi todos los fabricantes estadounidenses”.

Por otro lado, Gigi Sohn, Presidenta de Public Knowledge, afirmó que si bien el proyecto de ley trata “adecuadamente” la observancia de las leyes de derechos de autor contra los infractores comerciales, algunas de las disposiciones podrían perjudicar a los consumidores comunes. Incautar equipos costosos utilizados por un pirata comercial para cometer violaciones a gran escala puede ser apropiado, señaló, pero llevarse la computadora de uso general de una familia por un caso de descargas de Internet, como permitiría la medida, no lo es.

La propuesta también discrepa de la ley sobre la reforma del sistema de patentes que aprobó recientemente la Cámara de Representantes, dijo Sohn. En lugar de limitar los perjuicios a daños relativos, como estipula el proyecto de ley sobre patentes, la PRO IP “toma los daños y perjuicios por infracciones a derechos de autor ya extraordinarios y los incrementa”, con lo cual se eleva la amenaza de litigios cuyo fin es reprimir la competencia y forzar posiblemente acuerdos más rápidos y de mayor magnitud de los innovadores, dijo.

La semana próxima, el Subcomité Judicial sobre Tribunales, Internet y Propiedad Intelectual de la Cámara de Representantes llevará a cabo una audiencia sobre la medida, señaló el Presidente Howard Berman, un demócrata de California.

¿Ayuda para los organismos de difusión por Internet?

El 3 de diciembre, la CRB estableció regalías para las difusiones por radio satelital para el período comprendido entre el 1.º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012.

La orden requiere que XM Satellite Radio y Sirius paguen una tarifa de licencia del 6% de los ingresos brutos sujeta a los cargos de 2007-2008, 6,5% para 2009, 7% para 2010, 7,5% para 2011 y 8% para 2012.

Los ingresos sujetos a regalías incluyen las tarifas de suscripción y los ingresos provenientes de la publicidad de los canales, que no sean aquellos que se utilizan solamente para interpretaciones musicales de menor importancia.

La reacción ante la decisión fue tibia. Esta decisión puso fin a un proceso de un año de duración con los sellos discográficos y les otorga a los organismos de radiodifusión satelital la certeza sobre las regalías por interpretaciones musicales hasta 2012, afirmó Gary Parsons, Presidente de XM. Agregó que las tarifas se encuentran dentro del rango proyectado por los analistas financieros.

SoundExchange, que se encarga de cobrar y distribuir tarifas por reproducciones digitales para los artistas y titulares de derechos de autor, dijo que su reacción frente a la decisión fue “una mezcla de cosas”. La decisión aumentó “drásticamente” la tarifa que pagan los servicios en la actualidad, con lo cual se valida la aplastante evidencia que presentó SoundExchange sobre la importancia crítica de la música en la programación satelital, dejó trascender la organización. Sin embargo, había buscado tarifas que comenzaran en un ocho por ciento.

La CRB rechazó casi todas las pruebas presentadas por XM y Sirius, pero la ley federal que exige que cualquier nueva tarifa de regalías no altere excesivamente los servicios satelitales motivó que se fijaran las tasas a la mitad del valor que los artistas y compañías discográficas habrían recibido en el mercado, dijo SoundExchange. El resultado, una vez más, “pone en evidencia la inequidad de un estándar de tarifas” que obliga a los creadores de música a subvencionar algunos servicios musicales con tarifas inferiores a las del mercado, sostuvo John Simson, Director Ejecutivo de SoundExchange.

Pero los organismos de difusión por Internet, cuya guerra contra la decisión sobre regalías de la CRB –que según ellos reprimiría su industria (IPW, Copyright Policy, 15 de julio de 2007)– continua sin resolverse, quizás esperen que la decisión sobre la difusión satelital los ayude.

En cartas dirigidas a Berman y a Patrick Leahy, Presidente del Comité Judicial del Senado y representante de Vermont, cinco estaciones de radio por Internet –RealNetworks, AOL Radio, Yahoo! Radio, Pandora y Live 365– señalaron que el Congreso debe equiparar las regalías de todos los servicios de radio, sean estos de difusión por Internet, por satélite, por cable o tradicional.

Los organismos de radiodifusión no pagan regalías y la mayoría de los servicios de radio por satélite y cable históricamente han pagado entre un 3% y un 7,5% de los ingresos, pero las tarifas de las radios por Internet actualmente representan, en promedio, más del 50% de los ingresos, dijeron las compañías el 5 de diciembre. Instaron al Congreso, que está investigando la exención de la radiodifusión tradicional, a poner fin a las “regalías enormemente desiguales”.