Litigios relacionados con las nuevas funciones de Google sacuden las leyes de propiedad intelectual

Por Dugie Standeford para Intellectual Property Watch
Google sacude el mundo de la propiedad intelectual al tener que hacer frente a desafíos en relación con sus actividades de búsqueda, publicación de libros y vídeos en línea. Según expertos jurídicos, el resultado del debate sobre si alguna de estas actividades es compatible con la ley de derechos de autor no es de ninguna manera certero.

Sin embargo, Google no cree estar alterando la ley de derechos de autor, expresó Rachel Whetstone, Directora de Comunicaciones Institucionales y Asuntos Públicos Europeos. La empresa diseña sus productos con la creencia de que los derechos de autor son “muy importantes” y de que los autores merecen ser recompensados por sus esfuerzos. La mayoría de la gente no crea contenidos para que “languidezcan en la oscuridad”, alegó Whetstone y agregó que Google ayuda a otros a encontrarlos y permite que los creadores elijan la manera en que son remunerados por ello.

Un desafío clave para la función de búsqueda de Google surgió el año pasado cuando Copiepresse, sociedad belga de gestión de derechos, que representa periódicos en los idiomas alemán y francés, alegó que el motor de búsqueda había violado la ley belga de derechos de autor al crear enlaces a artículos periodísticos y al almacenarlos en caché. Como Google no compareció en la causa, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas dictó sentencia en rebeldía en septiembre pasado. Se le ordenó a Google que quitara de Noticias Google y de todos los demás cachés todos los artículos de periódicos representados por Copiepresse, o que pagara 1 millón de euros por día de retraso y que publicara la sentencia del tribunal en sus sitios web belgas. Google quitó el contenido de Copiepresse de sus sitios web. El intento de Google por desestimar la decisión judicial fracasó, y en febrero el tribunal confirmó su sentencia anterior. Google dijo que apelaría.

El proyecto propuesto por la empresa de escanear libros de las bibliotecas más importantes del mundo está suscitando mayor controversia aún. En 2005, la Association of American Publishers (AAP), junto con otras entidades, solicitó una decisión del tribunal por la que dictaminara si el proyecto violaba los derechos de autor. El 6 de marzo, Thomas Rubin, Asesor Jurídico General Asociado de Microsoft, durante su discurso en una conferencia de la AAP, acusó a Google de tratar de manera arrogante a los titulares de derechos. “Persuadió a varias bibliotecas de dar acceso irrestricto a sus colecciones, tanto a obras protegidas por derechos de autor como de dominio público. También firmó acuerdos con varias editoriales para adquirir derechos sobre algunos de sus libros protegidos por derechos de autor”, expresó.

A pesar de los acuerdos, a fines de 2004 Google “se volvió contra sus socios”, acusó Rubin. “Tramó” una novedosa teoría del uso leal (fair use) que le otorgó un derecho unilateral para copiar libros completos, protegidos por derechos de autor y no incluidos en los acuerdos, sin primero obtener el permiso del titular de derechos de autor, afirmó. Por su parte, Microsoft evitará “cualquier modelo comercial que se base en la violación sistemática de los derechos de autor”, afirmó Rubin. Únicamente el material no protegido por derecho de autor o que goce del permiso expreso de los editores será escaneado para su proyecto “Live Search Books (Búsqueda de libros en línea)”, manifestó.

Agregó que Google garantiza a los titulares de derechos de autor la protección de sus derechos. Sin embargo, añadió que “el historial de la empresa con respecto a la protección de los derechos de autor en otros sectores de sus negocios es poco convincente, en el mejor de los casos”, en referencia a las reclamaciones sobre el “caballeroso enfoque” adoptado por Google al publicar material protegido por derechos de autor en el sitio de alojamiento de vídeos YouTube, adquirido por Google el año pasado.

Eric Schmidt, Director General de Google, desestimó el ataque afirmando que formaba parte de las negociaciones sobre el contenido de YouTube entre Google y empresas de contenidos de medios. Schmidt admitió un “auténtico desacuerdo” entre Google y las empresas de medios, tales como Viacom, CBS y NBC Universal, con respecto al valor del material de vídeo protegido por derechos de autor, publicó Financial Times.

No obstante, el 13 de marzo Viacom demandó a Google y a YouTube en Nueva York por “violación masiva e intencional de derechos de autor”. En el pleito se pide más de 1.000 millones de dólares por daños. Según Viacom, el modelo comercial de YouTube “que se basa en la generación de tráfico y la venta de publicidad a partir de contenido sin licencia es claramente ilegal y se encuentra en obvio conflicto con las leyes de derechos de autor”. De hecho, la estrategia de la empresa ha sido “evitar tomar medidas enérgicas para restringir la violación de derechos en su sitio” mientras traslada la carga de controlar a YouTube a las víctimas de tal violación, dijo Viacom. El litigio es el resultado de “numerosas negociaciones y esfuerzos correctivos que resultaron improductivos”, y que fueron impulsados por Viacom y otros titulares de derechos de autor, expresó el gigante de los medios.

Un vocero de YouTube afirmó: “Estamos seguros de que YouTube ha respetado los derechos legales de los titulares de derechos de autor y creemos que los tribunales estarán de acuerdo”. El servicio es “excelente para los usuarios y ofrece oportunidades reales a los titulares de derechos”, tales como interactuar con usuarios e introducirse en el mercado de la publicidad en línea, expresó.

Mientras tanto, el 22 de marzo la Electronic Frontier Foundation acusó a Viacom de reprimir los derechos de libertad de expresión de MoveOn.org Civic Action y de Brave New Films al interponer una “demanda infundada sobre derechos de autor” en relación con la publicación en YouTube de una parodia satírica que contenía fragmentos de Comedy Central, propiedad de Viacom.

Cuestiones pendientes

La decisión de Copiepresse dejó muchas cuestiones pendientes, dijo Pinsent Mason, abogado especialista en tecnología de Struan Robertson. Una de las reclamaciones de Copiepresse se basaba en que la indexación y el almacenamiento en caché de artículos de periódicos por parte de Google violaba la normativa europea sobre bases de datos. Sin embargo, el tribunal no consideró ese alegato porque, a diferencia de la ley belga de derechos de autor, las normas sobre bases de datos prohíben que un grupo comercial represente a las partes interesadas. Esto implica que cada editorial tendría que haber presentado una demanda de manera individual.

El argumento era “potencialmente sólido” ya que los tribunales han clasificado a los sitios web como bases de datos, señaló Robertson. Cualquiera que utilice sistemáticamente datos aislados extraídos de una base de datos podría ser responsable de violación de derechos. Si se invalida la causa de Copiepresse en el marco de la ley de derechos de autor, dijo, las editoriales podrían intentarlo nuevamente al amparo de la ley de bases de datos.

Es probable que Google no deba hacer frente a nuevos litigios ya que los propietarios de contenido pueden optar por que su material no sea objeto de búsquedas ni sea indexado, un derecho que la empresa ha especificado con claridad, expresó Robertson. Además, señaló que es difícil ver en qué medida el excluir los sitios web de sus miembros de la función de búsqueda de Google ayudará a Copiepresse. Las exclusiones masivas de contenido podrían afectar la calidad de Noticias Google, pero probablemente no dañen a la empresa ya que el servicio no tiene fines de lucro, manifestó.

El tribunal de Bruselas concluyó que el servicio de noticias de Google violó derechos debido a que indexaba y publicaba datos aislados de artículos y almacenaba en caché historias completas, señaló Laurence Kaye, abogado experto en materia de propiedad intelectual. Si bien los usuarios pueden acceder a los sitios de los periódicos mediante los enlaces, muchos no van más allá de los pasajes que aparecen en Noticias Google, y esto crea así un “servicio sustituto”, afirmó. Pero el tribunal jamás llegó a abordar la cuestión de si el uso diario de “bots” (programas informáticos que realizan tareas de forma automatizada) para buscar contenidos suscitaba también problemas de derechos de autor, expresó Kaye.

Google, mediante su programa de búsqueda de libros, está “tratando de volver a formular las normas básicas de derechos de autor” al aducir que su enfoque que permite a los usuarios elegir que sus obras no formen parte del programa —“Díganos si su obra está protegida por derechos de autor y dejamos de hacerlo”— proporciona un medio de defensa, dijo Kaye. Si ello no diera resultado, alegaría uso leal. Pero, según Kaye, al enfrentarse a tribunales que favorecen un enfoque tradicional en relación con los derechos de autor, es probable que Google pierda.

Kaye forma parte de un esfuerzo por crear un nuevo sistema de gestión de derechos de autor, que podría poner fin al conflicto entre los motores de búsqueda y las editoriales. El Automated Content Access Protocol (Protocolo de Acceso Automatizado a Contenidos) —impulsado por la Asociación Mundial de Periódicos, el Consejo Europeo de Editores y la Unión Internacional de Editores— permite que los titulares de derechos de autor brinden información relacionada con la autorización para acceder a sus contenidos en línea y para usarlos, y esto hace posible que los motores de búsqueda cumplan sistemáticamente con las licencias o políticas pertinentes. El marco técnico del proyecto está siendo sometido a pruebas piloto.

En Estados Unidos, pareciera que Google se apoya en el fallo del caso Kelly contra Ariba Soft Corp., dictado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en 2003, para reforzar su proyecto de biblioteca, señaló Robertson. En la causa, en la que se alegó que el uso de imágenes “reducidas” de los contenidos de un propietario por parte del operador de un motor de búsqueda era uso leal, se adoptó una visión pragmática de lo que hacen las funciones de búsqueda, adujo. Sin embargo, queda por verse si otro tribunal aplicará el mismo razonamiento a la copia de libros.

Robertson señaló que en Estados Unidos los motores de búsqueda se basan en una licencia implícita para rastrear contenidos y en el uso leal; pero, en Europa, no pueden apoyarse en ninguna de las dos teorías. Añadió que si bien en las directivas de derechos de autor y comercio electrónico de la Unión Europea se reconoce que los intermediarios, tales como los proveedores de servicios de Internet, generalmente no son responsables de las violaciones en sus redes, las actividades de los motores de búsqueda posiblemente no estén comprendidas en ninguna de ellas.

Repercusiones de la acción de Viacom

Lawrence Lessing, profesor de derecho de la Universidad de Stanford, escribió recientemente que el Tribunal Supremo de Estados Unidos defirió al Congreso la formulación de políticas sobre derechos de autor. Señaló que eso cambió en junio de 2005 cuando el tribunal “amplió la ley [estadounidense] sobre Derechos de Autor en el caso Grokster al incluir una forma de responsabilidad que nunca antes se había reconocido en el contexto de derechos de autor: la falta consistente en proporcionar tecnología que induce a la violación de derechos de autor”. La decisión fue un claro mensaje para los abogados de todas partes, dijo Lessing: “Se dan dos mordiscos a la manzana de la formulación de políticas sobre derechos de autor: uno en el Congreso y otro en los tribunales”.

Viacom “ha aceptado ahora esta invitación del Tribunal Supremo” para alegar que la disposición de la ley de protección de derechos de autor de Estados Unidos (Digital Millenium Copyright Act, DMCA) que supone “una protección segura” de los proveedores de servicios de Internet contra toda responsabilidad por violación ya no tiene sentido, agregó. En cambio, sostiene que YouTube tiene el deber de tomar precauciones razonables para “impedir la violación desenfrenada en su sitio”, una responsabilidad que la DMCA no impone al sitio de vídeos, a menos que en éste no se cumpla con el requisito de quitar el material infractor tan pronto como el titular de derechos de autor lo notifique.

Forzar a YouTube a cargar con el peso de mantener el orden en su sistema a fin de evitar posibles violaciones suena razonable en un principio, pero podría restringir la protección segura al punto que los “próximos Googles” sean “estrangulados al nacer” por las industrias establecidas, afirmó recientemente James Boyle, profesor de derecho de la Universidad de Duke. Los defensores de Google señalarían que la protección segura en sí misma es el resultado de una avenencia legislativa con las empresas de contenidos, dijo.

En Francia, en cambio, el litigio podría ser visto como una manera de que Viacom obtenga la clase de arreglo comercial que DailyMotion, la plataforma francesa de intercambio de vídeos, ya tiene, expresó Meryem Marzouki, del grupo de derechos digitales Imaginons un Reseau Internet Solidaire. El acuerdo permite que las empresas encargadas del cobro de regalías y las compañías discográficas compartan las ganancias de publicidad generadas por los vídeos.

La industria discográfica apunta a los motores de búsqueda

La responsabilidad de las empresas de búsqueda por la violación de contenidos de terceros también está siendo cuestionada en una demanda interpuesta a principios de este mes contra Yahoo China por el grupo de la industria discográfica conformado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), EMI, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music y Universal Music. Según se informa, en el pleito se reclaman cerca de 710 mil dólares por presunta piratería de música.

La reclamación gira en torno al servicio de búsqueda de música de Yahoo China, en el que muchas descargas son supuestamente pirateadas, informó Financial Times. Sin embargo, Alibaba.com, propietario de Yahoo China, alega que la existencia de un claro precedente protege a las empresas de búsqueda de ser consideradas como responsables de los contenidos que publican otros sitios web. El año pasado, los sellos discográficos perdieron una causa por violación de derechos contra otro motor de búsqueda chino, Baidu.com.

Seminario sobre el contenido publicado en línea por usuarios

En un acontecimiento conexo, un seminario llevado a cabo el 16 de marzo en Washington, DC, se expusieron las perspectivas sobre responsabilidad, filtración y derechos de autor relacionados con el contenido en línea generado por los usuarios, y se le permitió a Viacom la posibilidad de explicar su arremetida legal contra el popular sitio de alojamiento de vídeos de Google, YouTube.

[Consulte el artículo de John T. Aquino en www.ip-watch.org, 19 de marzo de 2007.]