Equipo especial de alto nivel sobre derechos humanos dirige su atención hacia la salud y la propiedad intelectual

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Según un nuevo documento elaborado para el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas, la estrategia mundial sobre salud y propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) comprende elementos sólidos y posibles cambios paradigmáticos; sin embargo, también presenta lagunas considerables en cuanto a derechos humanos.

Al Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, que forma parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), se le ha conferido el mandato de evaluar asociaciones para el desarrollo, tales como la estrategia mundial o el Programa para el Desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el marco de los derechos humanos.

Dicho documento (en inglés) se analizará en una reunión del equipo especial de alto nivel sobre el ejercicio del derecho al desarrollo, que proporciona conocimientos técnicos independientes al Grupo de Trabajo y cuya reunión se celebrará del 2 al 9 de abril en Ginebra.

Según se desprende del documento, la estrategia mundial hace hincapié en la importancia del uso exhaustivo de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con fines de salud pública, y destaca la necesidad de innovar en materia de enfermedades desatendidas, por ejemplo, mediante una “iniciativa prometedora” de un grupo de expertos que trabajen en la financiación de tal innovación.

No obstante, se señala en el informe, la estrategia se ve debilitada por su incapacidad de advertir específicamente sobre la aplicación de las medidas “ADPIC plus” (que trascienden los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC) en acuerdos comerciales bilaterales que podrían impedir la consecución del derecho a la salud. Asimismo, presenta lagunas con respecto a la obligación de los Estados miembros de promover mecanismos de financiación sostenibles al recomendar únicamente que se utilicen los mecanismos de financiación existentes, en vez de sugerir caminos hacia medidas adicionales, y al centrarse solamente en las asociaciones entre el sector público y el sector privado a la hora de detallar las estrategias existentes, en vez de explorar diferentes métodos de financiación.

La estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual de la OMS se aprobó en mayo de 2008 y establece el plan de dicho organismo para abordar las desigualdades en el acceso a los productos médicos y la innovación de la salud según se relaciona con el sistema de propiedad intelectual.

El plan de trabajo para 2008-2010 del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo abarca el mandato de evaluar las asociaciones mundiales en función de sus efectos en el acceso a los medicamentos esenciales y en la transferencia de tecnología. En este respecto, en el nuevo documento, elaborado por una experta independiente de Naciones Unidas, se evalúa la estrategia mundial de la OMS, y el proceso del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (IGWG) que condujo a su origen, sobre la base del derecho a la salud, que incluye el acceso a los medicamentos, y el derecho a disfrutar de los beneficios de los avances científicos.

La autora de dicho documento es la investigadora posdoctoral Lisa Forman, especialista en derechos humanos y salud pública del Munk Centre for International Studies de la Universidad de Toronto.

El proceso de evaluación de los derechos humanos

La OACDH es el organismo de Naciones Unidas encargado de identificar y denunciar las violaciones de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo se estableció en 1998 con el fin de “fiscalizar y examinar los progresos realizados en la promoción y el ejercicio” de los derechos descritos en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de las Naciones Unidas de 1986 (en inglés).

Esto lo realiza a través de un conjunto de criterios que se detallan en el segundo apéndice de este documento [pdf en inglés].

El equipo especial de alto nivel sobre el ejercicio del derecho al desarrollo está compuesto de cinco expertos independientes: el Presidente Stephen Marks de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), Nico Schrijver del Grotius Centre for International Legal Studies de la Universidad de Leiden (Países Bajos), Sakiko Fukuda-Parr de la New School (Estados Unidos), Raymond Atuguba de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ghana y Flavia Piovesan de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (Brasil).

El proceso del IGWG desde la perspectiva de los derechos humanos

Para que un proceso pueda garantizar de manera adecuada el derecho al desarrollo, debe incluir necesariamente la participación efectiva de las partes interesadas claves en pos de la consecución de dicho derecho. De acuerdo con el informe de Forman, la participación está “estrechamente relacionada con la observancia de los demás principios que subyacen en el derecho al desarrollo, entre ellos, la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas”.

En el informe se reconoce que tanto la participación de varios grupos de la sociedad civil internacional como el uso de audiencias y consultas al público a través de Internet son fundamentales a la hora de lograr una participación efectiva. Sin embargo, se observa una escasez de grupos nacionales de la sociedad civil y se cuestiona si el formato basado en Internet, en el que los documentos deben presentarse en inglés, genera una participación genuina. El tamaño de las delegaciones, generalmente menor en los países desarrollados, también afectó la plena participación en las sesiones del grupo de trabajo que formaron parte del proceso.

La delegación de tareas y la rendición de cuentas presentan algunas deficiencias en la estrategia mundial, dado que los actores principales son los “gobiernos” (sin especificaciones precisas respecto de responsabilidades diferenciadas entre países desarrollados y países en desarrollo), y diversos términos del texto, tales como “solicitar”, “invitar” e “instar”, atenúan el llamamiento para la adopción de medidas particulares. Por otra parte, los indicadores de éxito no establecen objetivos definidos y, si bien tienen la capacidad de contar la cantidad de medidas adoptadas en nombre de la salud pública, no pueden medir el impacto de tales medidas.

Asimismo, en el informe se afirma que “en particular, no existen indicadores que midan la fabricación de nuevos medicamentos o la proporción de la población que tiene acceso a los medicamentos existentes”, un “déficit significativo” en una estrategia cuyo fin es precisamente ese.

Los criterios del derecho al desarrollo podrían ampliar el IGWG y la estrategia mundial, la cual tal vez aborda los derechos de manera implícita, pero no contiene un reconocimiento explícito de tales derechos. La sugerencia que se indica en el informe es llevar a cabo varias revisiones de los principios del derecho al desarrollo con la inclusión de elementos que exijan: la evaluación de las medidas ADPIC plus y su impacto en la salud, la garantía de que el acceso a los medicamentos esenciales se brinde de conformidad con el derecho a la salud, y el requisito de que las compañías farmacéuticas integren los derechos humanos en sus estrategias comerciales.

Se ha planificado para un futuro cercano una revisión del Programa de la OMPI para el Desarrollo en materia de derechos humanos.

Traducido del inglés por Fernanda Nieto Femenia

Kaitlin Mara may be reached at kmara@ip-watch.ch.

James Leonard may be reached at info@ip-watch.ch.

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