ACTA: las negociaciones progresan “detrás del telón”; muchas preocupaciones

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Por Monika Ermert para Intellectual Property Watch
Los representantes de la industria y del público y los especialistas en derecho de propiedad intelectual están desconcertados por el permanente secreto en el cual se están llevando a cabo las negociaciones sobre el propuesto Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por su sigla en inglés).

Las negociaciones sobre el ACTA, que podrían generar más normas de amplia aplicación sobre la piratería y la falsificación, parecen haber logrado avances esta semana.

Un portavoz de la Comisión Europea respondió una inquietud de Intellectual Property Watch diciendo que era “poco probable que los textos de negociación se publicaran en esta etapa inicial”, en alusión a las dos rondas de negociaciones realizadas hasta ahora.

Las negociaciones sobre las medidas fronterizas han progresado, expresó el portavoz, pero aún no han finalizado. Todavía no se ha deliberado sobre la cooperación entre las autoridades de aduanas. En general, la cooperación entre las autoridades de observancia debería abordarse en una etapa ulterior de una negociación, explicó.

La Comisión Europea sí emitió un comunicado de prensa sobre las deliberaciones de la semana. Según se desprende del comunicado de la Comisión, las deliberaciones se centraron “en las soluciones civiles para las violaciones de los derechos de propiedad intelectual, entre ellas, la disponibilidad de medidas preliminares, la preservación de la evidencia, los daños y perjuicios, y los costos y honorarios legales”.

El comunicado de prensa se refirió en forma vaga a un “progreso constante” y a planes para “otra reunión sustantiva que ha de celebrarse en un momento conveniente para las partes, en el futuro cercano”. Según el portavoz, la fecha y el lugar de la próxima ronda aún no se habían confirmado, pero muy probablemente se lleve a cabo durante la primera mitad de octubre. Dijo que era posible que se elabore “un primer proyecto de texto en relación con las violaciones de la propiedad intelectual en Internet” y se delibere en torno a él. Los partidarios han fijado previamente como objetivo el fin de año para el acuerdo.

La violación de la propiedad intelectual en Internet es uno de los temas que preocupa mucho a las organizaciones de derechos civiles, a los grupos de protección al consumidor y a fuentes de la industria de EE. UU. Las obligaciones de los operadores y los proveedores de servicios de Internet de supervisar o, incluso, vigilar las actividades de los clientes en Internet están incluidas en el programa legislativo de Francia, que actualmente ocupa la presidencia de la Unión Europea.

Debates de la UE afectan el ACTA

Durante los debates sobre el Electronic Communications Review Package o TK Review (Paquete de Revisión de las Comunicaciones Electrónicas o Revisión de las Telecomunicaciones) de la UE, tales obligaciones se incluyeron en el orden del día, pero hasta el momento han sido objetadas por la mayoría de los miembros del Parlamento Europeo. El asunto de la denominada “respuesta gradual” que permitiría recortar el acceso a Internet de los infractores del derecho de autor no había sido discutido en las negociaciones del ACTA hasta ahora, según señaló el portavoz de la Comisión. “La posición de la UE sobre este asunto debería basarse en la legislación de la UE”, escribió el portavoz.

Esto también implica que los debates legislativos actuales en la UE (especialmente sobre la Revisión de las Telecomunicaciones) posee una importancia considerable para el ACTA. Un representante de la organización Transatlantic Consumer Dialogue dijo a Intellectual Property Watch que las organizaciones no gubernamentales europeas también temían que se reactivara el seguimiento de la Directiva relativa a la Observancia de la Propiedad Intelectual, denominada IPRED 2, que armonizaría las sanciones en el marco del derecho penal. Hace más de un año que no se abordan los asuntos relativos a la IPRED 2.

La armonización de las sanciones en el marco del derecho penal contra la violación de la propiedad intelectual podría refutar argumentos presentados contra el ACTA por especialistas de la Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII). “Con respecto a las medidas penales, el ACTA solamente tiene un alcance en la medida que los campos de las políticas se armonicen”, escribió la FFII en su análisis. Los especialistas de la FFII también señalaron el hecho de que la posible ampliación del ACTA para abarcar los actos de carácter no comercial dependería de un voto unánime en el Consejo Europeo, la aprobación del Parlamento Europeo y el común acuerdo de los Estados miembros.

Según trascendió, el Representante Comercial de Estados Unidos brindó a las partes interesadas una reunión informativa a fines de junio en la que prometió que el ACTA no introduciría cambios en las leyes estadounidenses. Sin embargo, una fuente de la industria estadounidense expresó a Intellectual Property Watch que “ciertamente habrá cambios en la legislación estadounidense”. Especialmente en relación con la posible supervisión de Internet, “podría integrar las mejores prácticas en un acuerdo comercial internacional exactamente donde no le corresponde”, dejó trascender. El acuerdo también podría generar una situación en la cual una sentencia contra eBay por la venta de recuerdos nazis, en completa concordancia con la legislación estadounidense, podría perjudicar a una empresa de Estados Unidos.

Para las ONG, un problema clave relacionado con la legislación estadounidense, según Manon Ress de Knowledge Ecology International, es “que el tratado podría interferir en nuestro fair use (uso legítimo) de material con derecho de autor”.

Otra preocupación seria para las ONG relativa a un acceso más fácil a los medicamentos es la posible combinación de importaciones paralelas y la piratería. Ress afirmó que existían signos de una intención de “interferir en el comercio paralelo legítimo de productos, que incluye la reventa de productos farmacéuticos de marca”.

El ACTA “podría imponer responsabilidades a los fabricantes de principios activos farmacéuticos, si tales principios se utilizan para producir falsificaciones; un sistema de responsabilidad de tal naturaleza podría hacer que los fabricantes de principios activos sean reacios a venderles a fabricantes de medicamentos genéricos legales y, de ese modo, dañar significativamente el funcionamiento de la industria de medicamentos genéricos”.

El tema de la posible tipificación había generado severas críticas de especialistas jurídicos en la Unión Europea contra las disposiciones presentadas en el texto del proyecto de la IPRED 2 el año pasado.

Eva Lichtenberger, miembro del Parlamento Europeo, designada relatora en la Comisión de Asuntos Jurídicos, señaló que, considerando la complicada mixtura de diferentes proyectos legislativos en curso en la Unión, la presión relacionada con las nuevas medidas de observancia de la propiedad intelectual y los siempre crecientes llamados para hacer uso de las opciones de control habilitadas por la tecnología de Internet, “es muy importante observar con atención lo que sucede detrás del telón”. El beneficio únicamente para grandes empresas multinacionales y la falta de atención a las pequeñas y medianas empresas implicarían daños en la innovación, apuntó.

Negociaciones a puertas cerradas sospechosas

Trascendió que las negociaciones a puertas cerradas que continuaron esta semana en Washington, DC, fueron “muy especiales”, “singulares por su sigilo” y la “primera vez que a la industria se le oculta un acuerdo de tanta importancia”.

La divulgación del texto era sumamente importante, afirmó Lichtenberger. “Todos los textos del ACTA deben presentarse”, exigió. Cuando el Parlamento elabore una opinión sobre el ACTA durante el segundo semestre del año, ella espera tener más que los informes sintéticos de los especialistas de la Dirección de Comercio de la Comisión, a quienes se les asignó las negociaciones.

Lichtenberger sostuvo que aunque podría ser “difícil forzar la divulgación a través de medios jurídicos”, el efecto de la constante confidencialidad sería devastador para la Unión. Una Unión Europea que excluyera al público de dicho proceso distanciaría más a los escépticos de la UE, advirtió. “Diría que se trata de divulgar, divulgar y divulgar”, manifestó.

Las partes consultadas en distintos países hasta ahora no están satisfechas con el modo en que estas consultas se están llevando a cabo. Internet NZ, el operador de dominio de máximo nivel del código nacional de Nueva Zelanda, comunicó “que hay escasez de información oficial sobre el tratado propuesto del ACTA y sobre los términos específicos analizados por las partes involucradas. Sin ver un proyecto de trabajo del tratado, es difícil realizar un comentario fundado”.

La fuente de la industria estadounidense se quejó de que, al parecer, las consultas hasta el momento habían sido organizadas con gran selectividad y de acuerdo con el lema de Rebelión en la Granja [una novela de George Orwell]: “todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Declaraciones como la de la iniciativa Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (Acción de las empresas para frenar la falsificación y la piratería) de la Cámara de Comercio Internacional generaron la sospecha de que contaban con más información sobre los proyectos de texto discutidos en Ginebra y Washington hasta ahora.

Después de la reunión del 31 de julio en Washington, los negociadores hicieron hincapié en su intención de “continuar consultando a las partes interesadas a través de los procesos nacionales, compartir los resultados de estas consultas en su próxima reunión y seguir explorando oportunidades para las consultas de partes interesadas en conexión con futuras reuniones del ACTA”. Sin embargo, el portavoz de la Comisión comunicó que era poco probable que los textos de negociación se hicieran públicos en esta “etapa inicial”.

“Respecto de un texto de negociación final, éste se presentará públicamente una vez que esté preparado para firmarse”, explicó el portavoz. En Europa, se lo presentaría ante el Consejo y el Parlamento Europeo con antelación, pero con un estado de ‘distribución limitada’. Los Estados miembros lo presentarían ante los parlamentos nacionales.

Aunque los críticos que quedan fuera de las puertas cerradas reconocen que efectivamente están en contra de los productos falsificados que procuran engañar a los consumidores en cuanto a quién los fabrica, temen las posibles consecuencias nocivas de un instrumento internacional sobre la falsificación demasiado general o con una redacción deficiente.

Un crítico propuso “un acuerdo restringido y centrado” sobre “productos materiales” que “no se comercialicen por Internet, en primer lugar”. Pero mientras no haya claridad, seguirán surgiendo inquietudes sobre el misterioso ACTA.

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