Es posible que Europa agilice el tratamiento del ACTA

Por Monika Ermert para Intellectual Property Watch
A pesar de las declaraciones anteriores de negociadores europeos que sostenían que se necesitaría más tiempo para realizar las adaptaciones necesarias al planificado Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por su sigla en inglés), las naciones parecen aceptar ahora agilizar su tratamiento.

El ACTA ha sido mencionado como un punto del orden del día de la presidencia francesa de la Unión Europea (de julio a enero), la Dirección General de Comercio (DG de Comercio) de la Comisión Europea preparó un informe público sobre su consulta con las partes interesadas en junio y el Parlamento Europeo ha incluido el ACTA en un proyecto de informe sobre el “impacto de las falsificaciones en el comercio internacional”.

El martes, Luc Chatel, Secretario de Estado encargado de Industria y Consumo y portavoz del gobierno francés, explicó que [pdf en francés] la lucha contra la piratería y la falsificación ocupa un lugar principal en el orden del día de la presidencia francesa. Chatel sostuvo que “durante su presidencia, Francia trabajará arduamente para avanzar en esta lucha y, para ello, adoptará un enfoque global”.

Durante la reunión del Consejo de la UE sobre políticas en materia de competencia que ha de celebrarse el 25 y 26 de septiembre, Francia se propone presentar un concepto integrado que incluiría un nuevo plan para el control de fronteras que actualizaría la reglamentación de fronteras actualmente en vigor.

Además de crear un observatorio contra la falsificación y fomentar una mejor cooperación e intercambio de información entre los gobiernos de la UE (también mediante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), el ACTA es indispensable para lograr la cooperación mundial y la observancia de los derechos de propiedad intelectual, dijo Chatel.

Un portavoz de la DG de Comercio señaló a Intellectual Property Watch: “Si contamos con el apoyo de los líderes del G8 y la presidencia de la UE, queda claro que habrá mucho dinamismo”. La Comisión está dispuesta a ayudar a llevar adelante las negociaciones. La DG de Comercio está preparando un informe público sobre la consulta con partes interesadas que se llevó a cabo el 23 de junio y a la cual asistieron cerca de cien participantes de la industria y de la sociedad civil.

La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo también está trabajando en el tema. Daniel Caspary, miembro de dicha Comisión y del Partido Popular Europeo, dijo a Intellectual Property Watch que él acoge con agrado el enfoque de sanciones en el marco del derecho penal establecidas en el ámbito mundial.

“Hay algunos interrogantes con respecto a los derechos civiles”, afirmó. Por otro lado, la Comisión Europea, que había recibido de parte del Consejo de Ministros el mandato de negociar en nombre de la UE, prometió ocuparse de este asunto.

El proyecto de informe considera el ACTA como un instrumento de presión

Caspary dijo que espera que se realicen enmiendas con el fin de incorporar salvaguardias para los derechos civiles fundamentales a un “Proyecto de informe [del Parlamento] sobre el impacto de las falsificaciones en el comercio internacional”, preparado por el parlamentario liberal Gianluca Susta.

El informe es claramente positivo en lo que respecta al ACTA y propone que el Parlamento en su totalidad pida a la Comisión Europea “que, en paralelo con las negociaciones en el contexto multilateral, ponga en marcha la lucha contra la falsificación y la piratería a través de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales” y también pida a la Comisión y a los Estados miembros “que hagan todos los esfuerzos necesarios para una pronta y satisfactoria conclusión del acuerdo ACTA”.

La entrada en vigor del ACTA, dice Susta en el informe, sería un “parámetro de referencia esencial a escala internacional” y podría “garantizar una represión más eficaz de la falsificación y ofrece[ría] un importante instrumento de presión sobre los países que no son parte del mismo”. El proyecto de informe también da una buena acogida al creciente interés de los Estados miembros de la OMC por el ACTA y expresa su deseo de que China también pueda firmar el acuerdo.

Caspary sostuvo que para él estaba claro que las búsquedas que realizan las autoridades de control de frontera, por ejemplo en China, tienen que estar respaldadas por una decisión judicial. “Cualquier otra acción es imposible”, señaló, ya que de otra manera se abrirían las puertas al espionaje industrial.

Caspary restó importancia al hecho de que para poder evaluar el ACTA, los miembros del Parlamento deberían al menos echar un vistazo al proyecto de texto. Otros observadores confirmaron que se solicitó el documento durante una actualización presentada a la Comisión de Comercio por parte de funcionarios de la DG de Comercio. Sin embargo, hasta ahora, las negociaciones sobre el ACTA se han mantenido a puertas cerradas.

Según trascendió, la próxima reunión de los negociadores está proyectada para fines de este mes, luego de que una reunión planificada para esta semana debió ser pospuesta.

Evaluación fundamental de los acuerdos comerciales bilaterales de la UE

En un documento resumen (en inglés) solicitado por la Comisión de Comercio Internacional y preparado por Duncan Matthews del Queen Mary College, de la University of London, se recomienda un enfoque más cauteloso en los acuerdos comerciales bilaterales con respecto a la lucha contra la falsificación y la piratería.

Matthews solicita en su resumen que la inclusión de la observancia de las normas de propiedad intelectual en los acuerdos debe hacerse sobre una base de evidencia adecuada en materia de falsificación y piratería, recomienda que el Parlamento Europeo debería considerar la necesidad de equilibrar las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC con la necesidad de disposiciones adicionales en acuerdos bilaterales y advierte que los “acuerdos que contienen disposiciones sobre el recurso a mecanismos de solución de diferencias bilaterales corren el riesgo de debilitar el sistema de solución de diferencias multilaterales”. ADPIC hace referencia al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Como los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, “la responsabilidad principal de adoptar medidas para proteger y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual debería recaer en los titulares de derechos individuales,” dijo Matthews. Además, recomendó el establecimiento de un foro parlamentario o de un observatorio interparlamentario para supervisar y evaluar el impacto de los acuerdos bilaterales en la lucha contra la falsificación y la piratería.

Con respecto al ACTA, Matthews nota preocupación por parte de los observadores en el sentido de que este acuerdo podría “imponer un programa comercial limitado a expensas de la cooperación mundial y políticas basadas en hechos, con lo cual se criminalizarían las violaciones al derecho de autor no comercial y marcas comerciales, se fortalecerían las tecnologías de gestión de derechos digitales (DRM, por su sigla en inglés) en contra de los principios del fair use (uso legítimo) en el marco del derecho de autor y se protegería a los proveedores de servicios de Internet (ISP, por su sigla en inglés) de la responsabilidad por las acciones de sus suscriptores”.

El análisis de Matthews puede llevar a que algunos de los miembros del Parlamento de la UE vuelvan a reflexionar sobre este tema; sin embargo, hasta ahora parece que el Parlamento se mantendrá al margen de las negociaciones. Según el portavoz de la DG de Comercio, se consultaría al Parlamento pero, mientras no se haya firmado el Tratado de Lisboa, el Parlamento no puede tener una función de decisión conjunta sobre este asunto.

Representantes de varias organizaciones no gubernamentales han comenzado a ahondar en la cuestión de si esta evaluación jurídica es correcta, dado que no hubo armonización con respecto a las sanciones en el marco del derecho penal contra las violaciones a la propiedad intelectual en la Unión Europea. Hasta el momento, los Estados miembros han bloqueado este tema.