Se sigue especulando sobre el ACTA aún después de la primera reunión oficial

Por Monika Ermert para Intellectual Property Watch
Los días 3 y 4 de junio, los representantes de los gobiernos de los países desarrollados y de los países en desarrollo que son socios estratégicos se reunieron en la misión de los Estados Unidos en Ginebra a fin de debatir sobre las propuestas relativas a un Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

Entre las partes presentes en la negociación se encontraban: Australia, Canadá, Corea, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y la Unión Europea.

Según una nota que los negociadores dieron a conocer tras la reunión, el objetivo declarado del ACTA consiste en “proporcionar un marco internacional de alto nivel que refuerza la observancia global de los derechos de propiedad intelectual (DPI)”.

Según un breve comunicado de prensa publicado por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea el 5 de junio, “se abordaron varios temas” en la reunión que celebrada en Ginebra. “El debate se centró especialmente en las medidas en frontera, en particular en cómo hacer frente a las importantes infracciones de la propiedad intelectual (PI), que a menudo pueden implicar actividades penales y constituyen una amenaza para la seguridad y la salud pública. Los participantes estimaron que el debate fue provechoso y están satisfechos con el progreso logrado hasta la fecha”.

Un portavoz de la Comisión Europea confirmó que la consulta con las diversas partes interesadas figuró en el orden del día y se llevará a cabo durante el próximo mes a escala nacional. Según comentó esta fuente, los proyectos de texto aún no se han publicado. Se interrogaron varias partes que señalaron que los socios negociadores han convenido en que el asunto sea confidencial porque todavía es demasiado temprano.

Previo a la reunión, Mathias Schaeli, jefe de los servicios jurídicos de Relaciones Comerciales Internacionales del Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza (IPI), comentó a Intellectual Property Watch que las críticas de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) son prematuras puesto que aún no se han terminado los proyectos de texto.

“El objetivo del ACTA es afrontar el problema creciente de la falsificación a gran escala que constituye un problema para todos los ciudadanos” afirmó, y añadió que por lo tanto no se debería rechazar el ACTA rotundamente. Asimismo, destacó que se aceptarán las contribuciones y los comentarios críticos tan pronto como un texto esté sobre la mesa.

Se especula intensamente sobre las medidas que prevé el ACTA ya que no existe ningún proyecto de texto sobre el cual las partes interesadas o el público puedan hacer comentarios. Las declaraciones como la de William Patry, asesor principal en materia de derechos de autor en Google Inc., avivan el debate. Patry comentó en su blog que, según la información que obtuvo, el tema del filtrado por parte de los proveedores de servicios de Internet se debatiría durante las negociaciones. El filtrado de los sitios web que infringen los derechos de terceros ha sido una cuestión muy controvertida en Europa, como es el caso de Francia todavía está ejerciendo presión para que se establezca una reglamentación al respecto.

David Fewer, experto en derecho de la Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPIC), escribió a Intellectual Property Watch que la preocupación por la transferencia de los datos de usuarios por parte de los proveedores de servicios de Internet a terceros se debe al hecho de que los negociadores ya aplican métodos para acceder a los datos.

Asimismo, explicó que “todos los signatarios ya disponen de herramientas jurídicas que permiten obtener dicho tipo de datos y parecería que están tratando de eludir o debilitar las protecciones que éstas traen aparejadas”.

Essential Action, un grupo de apoyo que centra sus actividades en el acceso a los medicamentos, advirtió a la Oficina del Representante de Estados Unidos para Cuestiones Comerciales Internacionales en un comunicado que “a menudo los actores comerciales consideran que las licencias obligatorias para medicamentos, lo que es legal con arreglo a la legislación nacional y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), constituyen una infracción de patente o “piratería”, sin embargo no se puede afirmar que éstas prácticas se parecen de ninguna manera a la falsificación”. Paralelamente, un acuerdo sobre las infracciones de patente, derechos de autor y marca comercial probablemente hubiera contemplado soluciones significativas para controlar la falsificación, como por ejemplo el hecho de exigir a las empresas que divulguen la información de la que disponen sobre productos falsificados.

En la nota publicada el 5 de junio, los socios negociadores del ACTA sin duda alguna intentan moderar las preocupaciones expresadas mediante la publicación de artículos periodísticos, por ejemplo, los posibles registros de iPod efectuados por las autoridades aduaneras. Contrariamente a las preguntas frecuentes publicadas hasta el momento sobre el ACTA, la nota habla más precisamente de infracciones “a gran escala”.

No obstante, es probable que las críticas no se apacigüen muy pronto ya que no se sabe cuándo y cómo se consultará y se invitará a debatir a las partes interesadas.

Según la nota, los negociadores “seguirán concentrándose seriamente en su tarea durante los próximos meses. Por el momento, programaron la próxima reunión para mediados del mes de julio y esperan reanudar el debate sobre la ejecución fronteriza y también estudiar otras cuestiones como la ejecución en derecho civil”.

Un estudio del Parlamento Europeo saca conclusiones críticas

Un estudio, que el Parlamento Europeo pidió y recibió en mayo también señala algunos problemas que plantea el ACTA. El estudio, que fue realizado por el Profesor Claudio Dordi de la Universidad de Bocconi de Milán, concluyó que “no hay suficientes indicios que permitan delimitar la magnitud o determinar los efectos del comercio internacional de los productos falsificados y piratas”. De hecho, “no se dispone de información fiable, datos objetivos ni de definiciones normalizadas que permitan una cuantificación apropiada de la magnitud y del impacto del comercio internacional de mercancías piratas y falsificadas y una definición adecuada de los problemas que ese comercio plantea”.

Dordi también opina que, “mientras se necesitan pruebas contundentes para reivindicar la infracción de los DPI, los Estados Unidos y la Unión Europea están estudiando la ejecución de los DPI en los países en desarrollo al tomar en cuenta niveles de falsificación y piratería basados principalmente en las pérdidas aproximativas que sus industrias reivindican según sus propias encuestas. Los cálculos de los niveles de falsificación y piratería son imprecisos y tienden a mostrar un sesgo por exceso”.

Dordi está de acuerdo con las ONG como la Knowledge Ecology International y la IP Justice con respecto a la naturaleza “imprecisa” de las definiciones y a la búsqueda del foro más favorable (“forum shopping”). Según él, el empleo de los términos “falsificación” y “piratería” no esclarece lo que el nuevo tratado abarcará realmente.

El carácter de acuerdo autónomo del ACTA ha provocado otro “traslado de debate” en el régimen internacional de la PI, agregó. “Un tal cambio tuvo lugar en 1994 cuando un debate sobre PI se trasladó de la Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) a la OMC. El presente debate está dejando la OMC para ser llevado a cabo mediante negociaciones bilaterales. Mientras la sociedad civil y los países en desarrollo emergentes presionan a la OMC para mantener o incluso reducir el alcance de las normas relativas a los ADPIC, los Estados Unidos y los países europeos han hecho que las relaciones bilaterales sean una manera de ampliar la protección de la PI a nivel internacional”.

Un portavoz del gobierno canadiense había rechazado el concepto de la búsqueda del foro más favorable al responder a las preguntas anteriores de Intellectual Property Watch. El modo de negociación del ACTA que incluye sólo unos pocos socios, explicó Dordi, “penaliza sobre todo a los países en desarrollo dado que no participan de manera equitativa en la elaboración del texto que podrían adoptar”.

Con respecto a la pregunta de si finalmente el ACTA podría constituir una “nueva OMPI” y crear “una nueva serie de normas de DPI”, Dordi declaró que “el enfoque que le dan los países industrializados a la ejecución, contrariamente a un enfoque del orden público que toma en cuenta asuntos más amplios que los intereses industriales en la creación de la política, es uno de los principales retos recientes de los sistemas nacionales de DPI”.