Función incipiente de los proveedores de servicios de Internet en el contenido digital

Por Dugie Standeford para Intellectual Property Watch

Los proveedores de servicios de Internet (ISP, por su sigla en inglés) reciben cada vez más ataques alrededor del mundo por la función que cumplen sus redes en la piratería de música en línea. Los titulares de derechos de autor y las sociedades de recaudación están impulsando leyes de “respuesta gradual o escalonada” o “de tres infracciones” que exijan a los proveedores notificar a los presuntos piratas —y, en algunos casos, cortarles el servicio—, y filtrar el contenido infractor. Sin embargo, algunos afirman que una idea que se está analizando en el Reino Unido y en otras partes podría poner fin a la pelea sobre las descargas no autorizadas mediante la concesión de licencias para toda la cadena de valor en línea.

El concepto de un “derecho al reconocimiento del valor” para la distribución de música digital fue mencionado por primera vez por la Association of Independent Music (AIM) en 2006 y ha estado en fase de negociación desde entonces, según informó la organización. “La digitalización es fundamentalmente un cambio de formato que ha modificado todo en la cadena de valor para la industria de la música: su creación, producción, distribución y consumo”, se señala en el documento de AIM Copyright in the Digital Age: A manifesto for a sound framework (El derecho de autor en la era digital: un manifiesto para un marco sólido).

La propuesta sobre el reconocimiento del valor se basa en el concepto de un cambio de formato fuera de línea, en el que los usuarios trasladan el contenido de una plataforma de medios a otra. En algunos países europeos y en otros países se imponen gravámenes a los medios vírgenes, tales como los CD y DVD, y, más recientemente, a los teléfonos celulares, reproductores de música portátiles, discos duros externos y otros equipos, con el fin de compensar a los titulares de derechos por las copias realizadas por los consumidores para su uso personal.

Según la perspectiva de AIM, todo cambio de las leyes de derecho de autor que legitime un acto de copia negará a los usuarios la libertad de adquirir, utilizar y copiar música que consideran aceptable, impedirá que la industria discográfica obtenga dinero de las canciones y obstaculizará el desarrollo de nuevas plataformas técnicas.

Si la digitalización constituye un cambio de formato, señala AIM, se deben hallar diferentes mecanismos para pagar a los intérpretes y a los titulares de derechos de autor por los nuevos usos en línea y los modelos de consumo. Según AIM, es necesario que aquellos que facilitan la distribución de música en Internet –y obtienen dinero por ello–, incluidos los ISP, las empresas de telecomunicaciones y los fabricantes de equipos, paguen tasas de licencia que se basen en negociaciones comerciales con los titulares de derechos de autor y de otros derechos. Un “sistema de licencias progresivas” de tal naturaleza reconoce que todos los integrantes de la cadena musical que se benefician de las obras de los artistas deben contribuir a su remuneración, sostuvo AIM.

El reconocimiento del valor no legitimaría la distribución ilícita entre personas (P2P), pero permitiría el desarrollo sólido de tecnologías con licencias; con ello, se evitarían las amenazas de litigios a los usuarios y se les otorgaría a las industrias de propiedad intelectual una compensación justa, sin la necesidad de desafíos adicionales para las leyes de derecho de autor, dejó trascender AIM.

Un grupo de trabajo sobre reconocimiento del valor está analizando los temas en colaboración con “altos ejecutivos de empresas y organizaciones de todos los sectores de la industria”, apuntó AIM. No hay detalles específicos disponibles porque las deliberaciones se realizan “a puertas cerradas”, afirmó un vocero de AIM.

Filtrar o pagar

El enfoque actual de la disputa sobre la música digital reside en obligar a los ISP a que asuman una parte de la responsabilidad por el contenido que se transmite a través de sus redes.

En EE. UU. y en otros países, a los intermediarios, como los ISP y los proveedores de alojamiento, no se los considera responsable del contenido que transportan como “meros conductos”, a menos que, después de ser notificados sobre el material infractor, no lo quiten de la red. No obstante, la industria discográfica mundial está cada vez más entusiasmada con la idea de exigir a los ISP que filtren el contenido pirateado; esto se debe en parte al acuerdo innovador de la Comisión francesa Olivennes.

En el acuerdo Olivennes (denominado así por Denis Olivennes, Director General de FNAC, tienda minorista de productos electrónicos), los ISP franceses prometieron tratar de filtrar los archivos en Internet, mientras que la industria discográfica aceptó realizar un “esfuerzo especial” para fomentar la interoperabilidad. Asimismo, el Presidente francés Nicolas Sarkozy respaldó un mecanismo de respuesta gradual o de “tres infracciones” mediante el cual los proveedores notifican a los presuntos piratas, sobre la base de la información provista por los propietarios de contenido, para que dejen de infringir las normas y, en caso de no hacerlo, puedan suspenderles el servicio. La Comisión Europea está reflexionando sobre un enfoque similar en el ámbito de la UE.

Por otro lado, los ISP australianos, que afrontan las presiones de la industria discográfica por un régimen de “aviso y suspensión” contra los infractores presuntos, observan con atención los avances europeos, señaló Peter Coroneos, Director General de la Internet Industry Association of Australia (IIAA). Los ISP alegan que, una vez notificados sobre una infracción de intercambio de archivos persona a persona (P2P), perderían la protección segura y serían responsables, según las leyes australianas, de autorizar las violaciones del derecho de autor si no aplican el sistema de las “tres infracciones”, sostuvo Coroneos.

Al parecer, el enfoque francés tropezó con una piedra en abril cuando el Parlamento Europeo instó a los gobiernos a no autorizar la suspensión del acceso a Internet en los casos de presunta piratería. Desde entonces, el organismo de control de la privacidad de Francia, según trascendió, se ha opuesto a la propuesta de la respuesta gradual, ya que crea un conflicto intolerable entre la privacidad y los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, la organización australiana Music Industry Piracy Investigations (MIPI) señaló que son erróneas las reclamaciones de los ISP que indican que la resolución reveló el rechazo a un enfoque de respuesta gradual y de suspensión en el ámbito de la UE o al acuerdo Olivennes/Sarkozy de Francia. La resolución no era vinculante, fue aprobada con un margen muy estrecho y “no se basó en ninguna consulta ni deliberación sobre el tema”, afirmó MIPI. Está programado que el Gobierno francés presente formalmente los detalles de su propuesta de respuesta gradual el 11 de junio.

La ley que aplicará las recomendaciones de la Comisión Olivennes no menciona el reconocimiento del valor y, además, un previo intento legislativo de introducir el concepto similar de licencias obligatorias mundiales de la música no obtuvo frutos, sostuvo Brad Spitz, abogado especializado en Internet y propiedad intelectual del bufete jurídico Brad Spitz de París. No obstante, las propuestas de las “tres infracciones” y del reconocimiento del valor no son incompatibles, afirmó. Es probable que los ISP y los proveedores de alojamiento se opongan al reconocimiento del valor, pero aquellos que no desean filtrar ni quitar el contenido infractor posiblemente algún día acepten la negociación de una tasa de licencia, manifestó Spitz.

“No es sencillo abordar el intercambio de archivos persona a persona”, sostuvo Mike Edwards, Director de Operaciones de Europa, Medio Oriente y África para Audible Magic Corporation, que identifica, supervisa, administra y realiza el seguimiento de sistemas para el contenido multimedia protegido por derecho de autor. No tiene sentido hablar de derechos y responsabilidades, dijo. No es suficiente usar solamente la tecnología de identificación de contenidos de Audible Magic para bloquear las transmisiones no autorizadas, porque la filtración de las redes constituiría un “triunfo pírrico” para los propietarios de contenidos, salvo que los ISP puedan también ofrecer a los usuarios una fuente alternativa de contenido legítimo a un costo atractivo, conveniente y razonable, señaló.

Las enormes bibliotecas de música y películas representan un valor incalculable, pero un ISP que brinda a millones de suscriptores acceso a una red que impida el intercambio ilegal de archivos también es sumamente valioso, dijo Edwards. “En algún punto de la línea entre el intercambio ilimitado de archivos de la actualidad y el ideal inalcanzable del control total a través de la tecnología, es posible llegar a un acuerdo comercial”, sostuvo.

¿Un acuerdo de gravámenes fuera de línea?

El año pasado, se paralizó un plan de la Comisión Europea para reformar el conflictivo sistema de gravámenes de Europa cuando, según lo expresó Charlie McCreevy, Comisario Europeo de Mercado Interior y Servicios, no parecía haber un camino claro para avanzar. A comienzos de este año, McCreevy lanzó nuevamente el debate al afirmar que desea centrarse en cómo los gravámenes se relacionan con el daño que sufren los titulares de derechos.

El 27 de mayo, la Comisión organizó una conferencia pública en Bruselas acerca de gravámenes sobre las copias privadas. En su discurso de apertura, McCreevy afirmó que la última ronda de consultas aportó respuestas provenientes principalmente de las sociedades recaudadoras de regalías por derecho de autor que administran los gravámenes y de los grupos de productos electrónicos que se oponen a ellos. Ambas partes ahora “necesitan hallar un motivo en común y avanzar”, sostuvo. En los debates, también se deben incluir los puntos de vista de los artistas y de los consumidores, señaló (consulte el artículo relacionado en esta edición).

McCreevy ha afirmado que afronta la cuestión con una mente abierta, pero en la conferencia enumeró varios puntos que consideró ameritan especial atención. Recomendó tomar medidas drásticas contra las empresas que no abonan los gravámenes y mejorar los mecanismos para rembolsar las tasas cuando los equipos electrónicos se exportan a otro Estado miembro donde se recauda un nuevo gravamen. Asimismo, McCreevy solicitó a las partes interesadas que intenten elaborar principios más amplios sobre cómo calcular los gravámenes que tengan en cuenta los avances tecnológicos futuros.

El Reino Unido no posee un sistema de gravámenes, pero su Oficina de Propiedad Intelectual actualmente considera una propuesta para permitir el cambio de formato. El Music Business Group, una alianza de entidades comerciales relacionadas con la industria discográfica entre las que se encuentra AIM, alegó que es necesario modificar la legislación sobre el derecho de autor de Gran Bretaña para que exija un canon sobre las copias privadas, cuyas tasas no sean establecidas por el gobierno sino a través de negociaciones comerciales entre los titulares de derechos y los fabricantes y distribuidores de los equipos utilizados para la realización de copias de música.

¿Podría un modelo comercial basado en licencias ser también la respuesta para la realización de copias privadas fuera de línea?

“Dada la hostilidad histórica hacia los gravámenes en el Reino Unido, no creo que eso suceda”, señaló una fuente relacionada con la industria de productos electrónicos para el consumidor. Hace poco, Alemania aprobó un enfoque de dicha naturaleza, y Australia y Nueva Zelanda establecieron excepciones de cambio de formato en sus leyes de derecho de autor, pero sin compensación. Los países que ya cuentan con un sistema de gravámenes no necesitan lo que propone el Music Business Group, señaló dicha fuente.

Aunque se resuelva la cuestión de los gravámenes, “nuevamente refleja la necesidad de proveer soluciones relacionadas con las licencias para la era digital”, escribió en su blog Laurence Kaye, abogado especializado en medios y propiedad intelectual del Reino Unido. “En pocas palabras, las excepciones del derecho de autor son adecuadas, siempre que no socaven los servicios de contenidos comerciales legítimos”.

Sin embargo, en última instancia, el renovado debate de la Comisión Europea es “probablemente la clave”, afirmó la fuente relacionada con la industria de productos electrónicos para el consumidor. “Bruselas podría ganar en todo”, sostuvo.