Grupo de Trabajo: Se requiere un mayor equilibrio en PI y comercio; la divulgacion podria no ser suficiente

Por Catherine Saez
Un régimen internacional más equilibrado de los derechos de propiedad intelectual y el comercio es necesario para rectificar el sistema actual, que está demasiado inclinado a favor de los países desarrollados, dijeron los panelistas de los países en desarrollo en una reciente reunión.

Pero algunos sostienen que un requisito propuesto de divulgar el origen de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos en las solicitudes de patentes no sería suficiente para mejorar este equilibrio.

El sistema de patentes actual se ha señalado como el mecanismo que más favorece la biopiratería, la apropiación indebida de recursos genéticos, dijo la panelista Xuan Li, coordinadora del programa de innovación y acceso al conocimiento de la organización intergubernamental Centro Sur. Agregó que el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) también ha favorecido la apropiación indebida de los recursos genéticos.

Li hizo estas observaciones el 24 de enero en una reunión organizada por el Centro Sur y el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), celebrada al mismo tiempo que una reunión de una semana del grupo de trabajo sobre acceso y participación en los beneficios (ABS, por sus siglas en inglés Access and Benefit Sharing) del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB).

Un funcionario chino miembro del panel también planteó estas preocupaciones y dijo que el Acuerdo sobre los ADPIC a veces es desequilibrado y favorece a los titulares de la propiedad intelectual.

En el futuro deberá elaborarse un sistema más equilibrado que sea un poco más favorable para los países en desarrollo, comentó el funcionario, y añadió que los países en desarrollo, entre ellos la China, ha propuesto una enmienda al artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto a un requisito de divulgación obligatoria (véase, el documento del Centro Sur [pdf]), a fin de lograr que el acuerdo sea más acorde con los principios del CDB, como el de la participación en los beneficios.

La protección de la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas son objeto de análisis en diversos foros internacionales. Los planteamientos sobre la cuestión de la divulgación del origen se han examinado en la OMC, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y en el CDB.

Como el CDB es un tratado anterior al Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del Convenio de Viena, este acuerdo debe ser compatible con el mandato del CDB, comentó el panelista Dalindyebo Shabalala, director del proyecto del CIEL sobre propiedad intelectual y desarrollo sostenible.

El grupo de trabajo sobre acceso y participación en los beneficios fue establecido por la Conferencia de las Partes del CDB en su quinta reunión en mayo de 2000, con el mandato de elaborar directrices y formular propuestas para prestar apoyo a las partes y a los interesados en la aplicación de las disposiciones del convenio en materia de acceso y distribución de beneficios.

En 2004 se le encomendó al grupo de trabajo otro mandato para que elaborara y negociara un régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios con el propósito de adoptar un instrumento para aplicar de manera eficaz las disposiciones de los artículos 8 y 15 y los tres objetivos del convenio. Estos últimos incluyen la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

En el segundo mandato del grupo de trabajo sobre ABS, se le pidió a la OMPI desempeñar un papel importante en las deliberaciones del CDB. Algunos países industrializados han tratado de que la OMPI desempeñe el papel de proveedor principal de conocimientos técnicos especializados sobre cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual como la protección de los conocimientos tradicionales y la divulgación del origen, según comentó Shabalala.

Sin embargo, los procesos en la OMPI no reflejan plenamente la dimensión de derechos humanos de la protección de los conocimientos indígenas y tradicionales asociados a los recursos genéticos, puesto que los delegados y la secretaría carecen de experiencia en materia de derechos humanos y cuestiones ambientales, dijo Shabalala. Dijo además que existen otros organismos de las Naciones Unidas que también son competentes en la comprensión de las cuestiones de propiedad intelectual, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud o de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

En relación con la cuestión de un certificado de origen para los recursos, Pierluigi Bozzi, del Departamento de Economía de la Universidad de Roma, puso en perspectiva la importancia de conocer el origen exacto de los recursos genéticos en el contexto del CDB. “La sustracción ilícita de un recurso sale a la luz sólo después de que ha ocurrido y en tiempos y lugares alejados del contexto original”, sostuvo Bozzi.

La verdadera utilidad de la comprobación del lugar de origen de los recursos genéticos estaría en poder devolver la gestión y el control de un elemento biológico a su propio ecosistema, permitiendo que el país respectivo asuma la responsabilidad sobre los conocimientos y la gestión de ese componente biológico específico. Esto, según Bozzi, permitiría además distribuir los beneficios e incentivos a lo largo de toda la cadena de valor, y no sólo al final de ésta. La participación justa y equitativa en los beneficios es un “requisito previo” para la realización de los primeros dos objetivos del CDB (conservación y uso sostenible de la biodiversidad), añadió.

La perspectiva indígena sobre la divulgación parece un tanto diferente, según Le’a Malia Kanehe, analista legal del Consejo de Pueblos Indígenas sobre Biocolonialismo. Afirmó que se habían identificado varios problemas relacionados con la cuestión de la divulgación, como los pueblos transfronterizos o la biopiratería ocurrida antes del CDB. Esto último significaría que los recursos genéticos se encontrarían en condiciones ex-situ, por fuera del control de los pueblos indígenas. Pero la principal preocupación de los pueblos indígenas, de acuerdo con Kanehe, es si la cuestión de la divulgación realmente se ocupa de sus derechos e intereses, en particular en aquellos casos en que la legislación nacional no reconoce los derechos de los pueblos indígenas.

Un proyecto internacional en curso para desarrollar bases de datos sobre el estado anterior de la técnica de los conocimientos tradicionales para los examinadores de patentes también es potencialmente peligroso puesto que podría convertirse en una “lista de compras” en materia de conocimientos tradicionales sobre los cuales los pueblos indígenas podrían perder tanto la propiedad como el control. Un sistema internacional de patentes podría no ser compatible con las leyes consuetudinarias locales, afirmó Kanehe. Los pueblos indígenas deberían poder tener la opción de comercializar o no sus conocimientos. “No queremos ser los terceros beneficiarios”, añadió.