Las disposiciones sobre propiedad intelectual y salud de los tratados comerciales de Estados Unidos son blanco de críticas

Por Martin Vaughan para Intellectual Property Watch

WASHINGTON, DC – Activistas de la salud pública han condenado las condiciones acordadas recientemente por Colombia, Perú y países de Centroamérica en las negociaciones comerciales bilaterales con Estados Unidos. Estas condiciones obligan a los países latinoamericanos a ofrecer una protección por patente que excede las normas establecidas en los acuerdos multilaterales. Los grupos esperan ahora un resultado más favorable de las dos series de negociaciones en curso entre Estados Unidos y los países devastados por el virus del VIH/SIDA: Tailandia y los miembros de la Unión Aduanera del África Meridional (SACU).

En una conferencia de prensa organizada en Washington, en marzo, activistas colombianos y estadounidenses rechazaron las flexibilidades que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, había negociado personalmente con funcionarios de Estados Unidos antes de que finalizaran las negociaciones el 27 de febrero por considerarlas inadecuadas.

“Es inminente que esto generará un alto impacto negativo en el campo de la salud pública en Colombia”, adelantó Luis Guillermo Restrepo, Presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Restrepo formó parte del equipo de negociación del tratado de libre comercio representando al Ministerio de Salud de su país antes de presentar su renuncia, en diciembre de 2005, como forma de protesta contra la aceptación por parte de Colombia de las demandas de Estados Unidos relativas al capítulo de propiedad intelectual.

Uribe obtuvo dos concesiones de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual. La primera fue una carta complementaria que clarifica un requisito del tratado, por el que se exige al gobierno colombiano verificar, antes de conceder la aprobación reglamentaria para la comercialización de un nuevo fármaco, que no existe hasta el momento ninguna patente en relación con el producto. Esto se conoce en el medio como vinculación. Parecería que, en lugar de que el organismo de reglamentación farmacéutica colombiano verifique la existencia de patentes, esa carta permitiría la creación de una entidad separada que satisfaría tal obligación, añadió Restrepo.

Pero esto sigue adjudicando al gobierno la carga de demostrar que no se ha infringido ninguna patente mientras que la carga debería recaer sobre el titular de la patente, quien debería impugnar las violaciones en un tribunal, sostuvo Stephanie Weinberg, asesora en política comercial para Oxfam America.

En una conferencia telefónica organizada el 27 de febrero, la negociadora estadounidense Susan Schwab elogió a Uribe por trabajar personalmente durante las negociaciones con funcionarios de la Iglesia Católica colombiana. Esta institución “había expresado su preocupación por las repercusiones potenciales que las disposiciones sobre propiedad intelectual podían tener sobre el acceso a los medicamentos.” Schwab dijo que se había dado a Uribe ‘garantías’ de que esto no constituiría un perjuicio, según consta en una trascripción de la conversación telefónica, realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

En lo que respecta a las patentes de segundo uso, Estados Unidos estuvo también de acuerdo — si bien no queda claro si fue mediante una carta complementaria o una nota a pie de página en el acuerdo — en que Colombia no estará obligada a conceder ya sea una protección por patente adicional de 20 años o una protección adicional de los datos de prueba confidenciales. Las patentes de segundo uso resultan de interés a los fabricantes de medicamentos cuando descubren que un determinado fármaco, aprobado originalmente para un único uso, resulta eficaz para el tratamiento de una enfermedad diferente.

En una declaración con fecha del 17 de febrero, Germán Holguín Zamorano, quien lidera una alianza de grupos colombianos pro salud, calificó estos pasos de beneficiosos, pero se opuso al tratado en su conjunto criticando que se “haya negociado la salud de los colombianos a cambio de ventajas comerciales.”

Las disposiciones sobre patentes del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia son prácticamente idénticas a las del tratado entre Estados Unidos y Perú, anunciadas en diciembre último. Al igual que Perú, Colombia acordó otorgar cinco años adicionales de protección a los datos de prueba de los fármacos —10 años para los productos químicos agrícolas— y convino en vincular la aprobación reglamentaria de medicamentos a la inexistencia de infracciones de patentes.

Según una portavoz de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la única diferencia en materia de patentes entre los dos acuerdos radica en que a Colombia se le concedió un período de dos años antes de que deba atenerse al requisito de aumentar el plazo de protección de una patente cuando existan demoras en el proceso de aprobación de la misma.

El acuerdo entre Perú y Estados Unidos podría presentarse ante el Congreso tan pronto como en el mes de abril, y el acuerdo con Colombia, en junio. Pero también es posible que la administración de Bush decida no adoptar ningún tipo de medidas sobre ambos acuerdos hasta las elecciones que se celebrarán en noviembre en ese país. Por otro lado, funcionarios ecuatorianos comentaron que esperan concluir las negociaciones comerciales con EE. UU. en un mes.

En cuanto a Guatemala, Estados Unidos busca obtener niveles más elevados de protección de la propiedad intelectual antes de permitir que el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) entre en vigor. Los activistas sostienen que lo que Estados Unidos en realidad pretende conseguir son disposiciones que van más allá de los compromisos ADPIC plus incluidos en el CAFTA.

Luis Velásquez, Director de la Asociación de Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos (Asinfargua), señaló que el deseo de Estados Unidos es que Guatemala acuerde proteger tanto las patentes de segundo uso como los datos de prueba para este tipo de patentes. También mencionó que Estados Unidos espera que Guatemala reconozca las patentes concedidas en territorio estadounidense, incluso si no se han registrado en Guatemala.

Christin Baker, portavoz de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, desmintió la información y sostuvo que “no existe ningún requisito que obligue a reconocer una patente estadounidense que no se haya registrado en Guatemala. No es esto lo que buscamos”, añadió. Baker explicó que Estados Unidos pretende que Guatemala instaure un sistema que cumpla el requisito establecido en el CAFTA de proteger los datos de prueba y que se adhiera a los acuerdos internacionales de propiedad intelectual antes de que acuerde implementar el CAFTA.

En el marco de las negociaciones con Tailandia, Estados Unidos ha presentado un texto sobre la protección por patente similar al del CAFTA y al de los acuerdos con los países andinos. Pero esas negociaciones están interrumpidas hasta la celebración de las elecciones nacionales. Las negociaciones con la SACU están también temporalmente suspendidas.