Algunos grupos centran la atención en el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur para promover el acceso a la salud en los acuerdos comerciales

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16/05/2018 Por Monika Ermert para Intellectual Property Watch

Los activistas en materia de sida y otras cuestiones de salud y las organizaciones de la sociedad civil en Brasil y Argentina tratan de evitar los efectos negativos del tratado de libre comercio previsto entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur podrían ser la mejor oportunidad hasta ahora para promover un programa de propiedad intelectual que favorezca más el acceso a la salud, afirma Pedro Villardi, coordinador sobre cuestiones de políticas de propiedad intelectual del Observatorio Nacional de Políticas sobre el Sida de la Asociación Brasileña Interdisciplinar de Sida (ABIA).

La última información que se filtró sobre el acuerdo relativo al capítulo de propiedad intelectual da a entender una serie de concesiones en dicho capítulo, por ejemplo, la eliminación de los controvertidos “certificados complementarios de protección”, según el texto preliminar del 27 de febrero. Sin embargo, no se han eliminado algunas disposiciones ADPIC plus, advierten los activistas.

“Hay mucha insistencia por parte de los negociadores de la Unión Europea”, sostuvo Villardi. En numerosas rondas de negociaciones, los negociadores del Mercado Común del Sur (Mercosur) solicitaron a sus homólogos de la Unión Europea que desistieran de todas las disposiciones que implicaran una ampliación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio. El gran campo de batalla está conformado por la exclusividad de datos y la ampliación del plazo de protección por patente, lo que se traduce en más derechos de monopolio para las empresas farmacéuticas.

Hasta el momento, la Comisión Europea ha propuesto versiones restructuradas de las disposiciones ADPIC plus, afirmó Villardi. “Sin embargo, nunca aceptaron eliminarlas por completo y, como los negociadores del Mercosur no las aceptan y la Unión Europea no las quita del texto, no se logran avances”, señaló.

La Unión Europea quiere ir más allá del Acuerdo sobre los ADPIC

La Dirección General de Comercio de la Comisión Europea rechaza enfáticamente las acusaciones y subraya que “la promoción del acceso a los medicamentos sigue siendo un pilar fundamental de la política de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual, lo cual se tiene plenamente en cuenta en las negociaciones con el Mercosur”. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur “no contiene ninguna disposición que imponga precios mínimos o fijos para los medicamentos o los servicios sanitarios”, comunicó la Comisión en una breve respuesta a Intellectual Property Watch, mientras que se negó a hacer comentarios sobre el texto del acuerdo.

David Martin, diputado al Parlamento Europeo y expresidente del Grupo de Trabajo del Parlamento sobre Acceso a la Salud, dijo a Intellectual Property Watch que respalda la búsqueda de “un equilibrio delicado entre la necesidad de garantizar una protección suficiente de los derechos de propiedad intelectual, especialmente para los medicamentos modernos y el desarrollo de los tratamientos más avanzados, y la necesidad de proteger el derecho a los medicamentos a precios asequibles”.

Por otra parte, Martin señaló que “determinados países con los que mantenemos negociaciones ya han promulgado leyes relativas a las medidas ADPIC plus que se aplican a nivel nacional”, aspecto que también pone de relieve la Comisión.

Cálculo del costo de las medidas ADPIC plus

Villardi rechaza la noción de que ya se han instrumentado medidas ADPIC plus, lo que considera que puede llevar a “conclusiones erróneas”. El artículo 40 de la Ley de Patentes de Brasil establece una compensación para los titulares de patentes “si el proceso de solicitud de la patente tarda más de 10 años. Si el proceso lleva dos años más que el plazo establecido, el titular de la patente recibe una compensación por dos años”, especificó Villardi. “No obstante, lo que la Unión Europea está exigiendo es una ampliación de la duración de las patentes vinculada a la autorización de comercialización. Este es un proceso totalmente diferente y otorgaría más tiempo y beneficios solo a las empresas farmacéuticas”.

ABIA y uno de sus asociados en la lucha, la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), han sustentado con datos numéricos sus argumentos contra las medidas ADPIC plus. En los estudios que utilizan el modelo de simulación de la Evaluación del Impacto de los Derechos de Propiedad Intelectual elaborado por el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD), la FGEP calculó el costo real que implicarían los derechos de protección de datos y de ampliación del monopolio exclusivo, medidas que aún figuran en el texto preliminar del 27 de febrero. En la investigación se analizó un grupo de 17 medicamentos antirretrovirales y antivirales que están incluidos en el Vademécum de la Dirección Nacional de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud y se calcularon cinco escenarios.

Si los negociadores de la Unión Europea y el Mercosur acordaran una combinación de las diversas protecciones adicionales como se especifica en el escenario de exclusividad total, debería producirse “un incremento en el gasto esperado bajo situación de status quo de más del 30 %”. El problema radica en que el aumento exponencial en el gasto podría poner el peligro la futura sostenibilidad del acceso a los medicamentos, concluyen los investigadores.

Los resultados de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y la Fundación Shuttleworth son bastante similares. Nuevamente, se llega a la conclusión de que la combinación de las disposiciones ADPIC plus viene acompañada de un considerable costo para el gobierno y los contribuyentes.

En ambos estudios se implora a los negociadores del Mercosur que se mantengan firmes en el rechazo de los regímenes de las normas ADPIC plus que, en última instancia, podrían significar el empeoramiento del acceso a la salud en sus respectivos países.

Apoyo de los activistas de la salud de la Unión Europea

El apoyo que reciben los activistas del Mercosur proviene de organizaciones no gubernamentales de Europa. Alex Lawrence, vocero de Health Action International, dijo a Intellectual Property Watch que la referencia a la Declaración de Doha incluida en el texto preliminar del tratado de libre comercio constituyen “falsas promesas”, si la Unión Europea sigue presionando para incorporar disposiciones que socavan dicha declaración y obstaculizan el uso de las flexibilidades previstas.

“El Acuerdo sobre los ADPIC tenía por objeto ser un techo, no un umbral”, subrayó Lawrence.

Créditos de las imágenes: Comisión Europea

Traducido del inglés por Fernanda Nieto Femenía

 

Image Credits: European Commission