Caso Golan: EE UU podría incumplir con los tratados internacionales sobre derecho de autor

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Recientemente, un Tribunal Federal de los Estados Unidos (EE UU) dio malas noticias al gobierno de este país así como a varios titulares de derechos de autor extranjeros –incluidos los de Sergéi Rajmáninov, Dmitry Shostakóvich, Sergéi Prokófiev e Igor Stravinsky. El tribunal derogó un estatuto estadounidense que había restablecido la protección de los derechos de autor a las obras de estos autores extranjeros.

El Tribunal Federal de Distrito de Colorado sostuvo, en el caso Golan v. Holder [pdf en inglés], que el restablecimiento de los derechos de autor infringe la Primera Enmienda de la Constitución de EE UU que vela por la libertad de expresión de las personas físicas y jurídicas. Fue una sentencia sin precedentes: es la primera vez que un tribunal estadounidense declara que una disposición de las leyes estadounidenses sobre derecho de autor no respeta la Primera Enmienda.

Sin embargo, es posible que el caso Golan ponga a EE UU en una situación bastante delicada. Al poner límites al restablecimiento de los derechos de autor, la sentencia podría hacer que EE UU no cumpla con las obligaciones contraídas con arreglo al Convenio de Berna y al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Si se confirma la decisión en la apelación, es probable que EE UU no respete estos tratados”, comentó Tyler Ochoa, profesor de Derecho internacional en materia de Propiedad Intelectual (PI) en la Escuela de Derecho de la Universidad de Santa Clara, en California.

El problema surgió de unas condiciones poco comunes que solían disponer las leyes estadounidenses sobre derecho de autor. A título de ejemplo, durante la mayor parte del siglo XX, sólo se protegían los derechos de autor de una obra en EE UU si ésta se inscribía en la Oficina del Derecho de Autor de los Estados Unidos a su debido tiempo, y se mostraba un aviso sobre derechos de autor apropiado. La inscripción de la obra aseguraba su protección durante 28 años. Y si la inscripción se volvía a efectuar correctamente, se protegía la obra durante 28 años más.

Las obras creadas en el extranjero, por lo general, no cumplían con dichas condiciones para obtener o prorrogar la protección de los derechos de autor en EE UU. Por ende, se protegían los derechos de autor de numerosas obras en sus países de origen, pero no en EE UU.

En 1989, fecha en la que EE UU firmó el Convenio de Berna, este país debía restablecer la protección de los derechos de autor a varias de estas obras extranjeras. El artículo 18 del convenio obliga al país que se adhiere al tratado a proteger los derechos de autor de las obras extranjeras de otros países signatarios, siempre y cuando, en ese momento, dichas obras no hayan pasado al dominio público en sus países de origen.

No obstante, el Convenio de Berna no dispone de un mecanismo de aplicación y EE UU no ha cumplido con el artículo 18.

Esto cambió en 1994 cuando las negociaciones internacionales concluyeron la creación de la OMC y el Acuerdo sobre los ADPIC. Éste último exige que todos los signatarios cumplan con ciertas normas mínimas en materia de protección de PI –incluidas las protecciones que figuran en el Convenio de Berna. Si un país incumple con el Acuerdo de los ADPIC, puede verse implicado en los procedimientos de solución de controversias de la OMC, lo que puede dar lugar a severas sanciones comerciales.

“La diferencia entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de Berna es que el primero puede morder”, explicó Christopher Sprigman, un profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia. “El Acuerdo sobre los ADPIC prevé un mecanismo de aplicación mediante el cual se puede imponer sanciones”.

Con el propósito de respetar el Acuerdo sobre los ADPIC, EE UU aprobó una ley en 1994 que restableció los derechos de autor de las obras extranjeras.

Desafortunadamente, según el Tribunal de Distrito Federal que pronunció su sentencia el 3 de mayo en el caso Golan v. Holder, este estatuto -párrafo 514 de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, cuyo código es 17 USC §104A (en inglés)- infringe la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La Corte Suprema de EE UU ha reducido en gran medida las incompatibilidades existentes entre la Primera Enmienda y el derecho de autor estadounidense. Desde el caso Eldred v. Ashcroft (en inglés), se permiten estas contradicciones sólo si el Congreso modifica “el marco tradicional de la protección de los derechos de autor”.

Eso es lo que precisamente hizo el Congreso cuando adoptó el párrafo 514, en el cual se basó el Tribunal Federal de Apelación del Décimo Circuito en el caso Golan v. Gonzales [pdf en inglés].

Restablecer los derechos de autor de las obras que hayan pasado al dominio público viola “el principio fundamental del derecho de autor que consiste en que las obras que hayan pasado al dominio público, allí permanecen”, declaró el tribunal en la decisión que pronunció en 2007.

El Tribunal de Apelación entonces envió el caso de nuevo al Tribunal de Distrito con miras a determinar si el párrafo 514 infringía la Primera Enmienda.

Según el Tribunal de Distrito que juzgó el caso Golan v. Holder, la infringía. (En este caso, el nombre de la parte demandada cambia cada vez que EE UU cambia de ministro de Justicia).

El Tribunal de Distrito decidió que pese a que el respeto del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC representa un gran interés para EE UU, el párrafo 514 cumple mucho más de lo necesario con las exigencias de dichos tratados. Precisamente, cuando el párrafo 514 restableció los derechos de autor de algunas obras extranjeras, el estatuto creaba un recinto protegido reducido para las entidades que estaban usando estas obras en el momento en que se restableció el derecho de autor. El estatuto permite a estos usuarios a título del régimen anterior continuar con la reproducción y la comercialización de una obra, cuyos derechos de autor han sido restablecidos, durante un año a partir del momento en el que el titular de los derechos de autor presenta una advertencia previa para exigir el cumplimiento de sus derechos. Si un usuario a título del régimen anterior crea una obra derivada a partir de la obra protegida, a cambio de una “regalía razonable”, éste puede seguir explotando la obra derivada después de que el titular de los derechos de autor presenta una advertencia previa.

El tribunal decidió que el Convenio de Berna (y, por consiguiente, el Acuerdo sobre los ADPIC) permite a los países miembros proporcionar una protección mucho más importante a los usuarios a título del régimen anterior. “El Congreso podría haberse conformado al Convenio de Berna […] al exceptuar de manera permanente a las partes, por ejemplo a los demandantes, que han explotado obras que han pasado al dominio público”, afirmó el tribunal. Al limitar los derechos de los usuarios a título del régimen anterior en mayor medida que lo previsto en el Convenio de Berna, el gobierno violó la Primera Enmienda. El tribunal declaró que el párrafo 514 “no respeta el derecho de los usuarios a título del régimen anterior a utilizar las obras que explotaban cuando éstas estaban en el dominio público”.

La sentencia del Tribunal de Distrito es controvertida. El gobierno estadounidense y algunos expertos en derecho de autor insisten que el Convenio de Berna no permite que los usuarios a título del régimen anterior gocen de derogaciones permanentes. Pero otros expertos afirman que sí.

“En el Convenio de Berna no hay nada que diga o de a entender que [las adaptaciones que conciernen los usuarios a título del régimen anterior] sólo pueden ser temporales”, indicó Anthony Falzone, quien enseña derechos de autor en Stanford y defiende a Golan en el caso. Asimismo, añadió que “otras partes signatarias del convenio, como el Reino Unido, aplican adaptaciones permanentes que no se han cuestionado mediante el mecanismo de solución de controversias de la OMC”.

Es poco probable que el Tribunal de Distrito tenga la última palabra en este caso. La mayor parte de los observadores piensa que el gobierno estadounidense apelará. Y si el Tribunal de Apelación del Décimo Circuito confirma la decisión en la apelación –lo que muchos piensan que pasará- EE UU podría afrontar repercusiones internacionales.

“Si se confirma la decisión en la apelación, otro país podría pedir a la OMC que dictamine que estamos incumpliendo con las obligaciones que hemos contraído en el tratado”, dijo Ochoa. “Si el comité decide que no estamos respetando el Convenio de Berna, podría autorizar al país demandante a imponer sanciones comerciales contra EE UU”.

Traducido del inglés por Analín Pedroni.

Steven Seidenberg may be reached at info@ip-watch.ch.

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