Ambas partes se proclaman victoriosas en el litigio del intercambio de archivos en la industria discográfica estadounidense

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Por Bruce Gain para Intellectual Property Watch
Después de cinco años y de más de 30.000 demandas judiciales, ambas partes de la batalla legal de la industria discográfica contra el intercambio ilegal de archivos en EE. UU. se adjudican la victoria.

De un lado, la Recording Industry Association of America (RIAA), que representa a EMI, Sony BMG, Warner Brothers y filiales, afirma que los pleitos actuales actúan como factor disuasivo para los posibles infractores. Según dicha asociación, los litigios forman parte de una campaña de concienciación general, cuyo objetivo es transmitir el mensaje de que la descarga y el intercambio de archivos protegidos por el derecho de autor son ilegales.

Del otro lado, los que se oponen a los litigios sostienen que las demandas judiciales son un castigo excesivo para aquéllos a quienes apuntan los abogados de la RIAA y que no constituyen, en realidad, un elemento disuasivo que evite el intercambio de archivos en EE. UU.

No obstante, que los litigios hayan logrado prevenir o no el intercambio ilegal de archivos depende de la interpretación de los datos estadísticos.

Citando las estadísticas del NPD Group, la RIAA señala que la cantidad de hogares que usan redes de persona a persona para descargar música “apenas” ascendió a 7,8 millones en marzo de 2007, en comparación con los 6,9 millones de abril de 2003, antes de que comenzaran los litigios, mientras que en el mismo período, la penetración de la banda ancha creció más del doble.

Aunque la RIAA reconoce que los litigios tienen aún que recorrer un largo camino hasta que se elimine el intercambio ilegal de archivos protegidos por el derecho de autor, hace hincapié en que la campaña judicial ha servido como una eficaz campaña de relaciones públicas. Los pleitos han fomentado la concienciación acerca de la ilegalidad de descargar y distribuir archivos protegidos por el derecho de autor, agrega la RIAA.

De acuerdo con una encuesta de la RIAA, el 37% de los encuestados en 2003 opinaban que era ilegal poner música a disposición del público de forma gratuita en Internet. La misma institución asegura que ahora el porcentaje de personas que consideran ilegal la descarga gratuita de música es del 73%.

Jonathan Lamy, portavoz de la RIAA, en una declaración brindada a Intellectual Property Watch, afirmaba lo siguiente: “Indudablemente, este programa ha ayudado a moldear el mercado digital legal de la actualidad. Hay una concienciación generalizada de que sitios como LimeWire que ofrecen música en forma gratuita son ilegales”. Agregó: “Este programa ha ayudado a estimular innovadores negocios virtuales que, de otro modo, nunca habrían tenido la posibilidad de surgir, y mucho menos de prosperar”.

La RIAA se negó a hacer declaraciones específicamente para este artículo.

Sin embargo, las estadísticas que presentó la RIAA “no prueban nada”, afirmó Fred von Lohmann, abogado de la Electronic Frontier Foundation (EFF), un grupo que protege los derechos del consumidor de artículos digitales con sede en California.

“La cuestión no reside en las razones que dan quienes han desistido de su accionar, sino en cuántas personas no han desistido, a pesar de enterarse de las demandas judiciales”, explicó von Lohmann. “Por supuesto, aquéllos que desisten dicen que temen a los pleitos —después de todo, ellos son quienes dejan de usar redes de persona a persona—, aunque algunas encuestas demuestran que hay más usuarios preocupados por el spyware (programas espías) que por las demandas.

Tampoco se aclara qué hacen los individuos después de que desisten de intercambiar archivos en redes de persona a persona”.

Fundamentalmente, “no hay suficientes pruebas que respalden la afirmación de la RIAA de que las demandas judiciales representan un ‘factor disuasivo eficaz’”, afirmó von Lohmann. “Estoy seguro de que las demandas judiciales han disuadido a algunas personas —quizás esto ha provocado que infrinjan de maneras menos públicas, por ejemplo, intercambiando archivos entre amigos—, pero es indiscutible que el intercambio vía redes de persona a persona ha seguido creciendo durante los cinco años de la campaña judicial”.

En el momento de la publicación de este artículo, la EFF publicaba un informe titulado “La RIAA contra el pueblo: cinco años después”.

De todos modos, la mayoría de los usuarios consiguen música gratuitamente en Internet, según John Palfrey, profesor adjunto de derecho de la Harvard Law School y codirector ejecutivo del Berkman Center for Internet and Society. La tendencia a descargar e intercambiar archivos de música y otros medios en forma gratuita, aclaró Palfrey, prevalece especialmente entre los usuarios más jóvenes que Palfrey describe en el reciente libro de su coautoría Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives (Nacidos digitales: cómo comprender la primera generación de los nacidos en la era digital). Estos usuarios más jóvenes que nacieron después del comienzo de la denominada “era digital” tendrán un profundo efecto en el modo en que todos los medios digitales se distribuirán en el futuro, cuando sean mayores de edad, explicó.

“[La RIAA dice que] ‘los castigos continuarán hasta que la moral se fortalezca’ en relación con las demandas judiciales y esta población de jóvenes”, indicó Palfrey. “Pero si se sigue castigando a estos jóvenes, la moral no mejorará”.

La controversia

Desde que la RIAA inició su campaña de litigios en septiembre de 2003, su uso del sistema judicial estadounidense para reclamar daños y perjuicios mediante la aplicación de la Ley sobre Derecho de Autor de EE. UU. ha suscitado considerable controversia, especialmente cuando en algunos casos se apuntó a quienes no correspondía.

En un caso muy publicitado, una mujer soltera llamada Tanya Andersen salió victoriosa de una larga batalla judicial. El bufete jurídico que representa a la RIAA reclamaba 1 millón de dólares por daños y perjuicios, o 750 dólares por cada una de las 1.400 canciones que supuestamente Andersen intercambió, mientras que Andersen sostenía que ella nunca había siquiera escuchado los títulos de las canciones y mucho menos las había descargado.

En otros casos, la RIAA se equivocó al demandar a personas que estaban muertas, que estaban incapacitadas en el momento en que se llevaron a cabo las actividades que se les atribuían o que no tenían acceso a Internet cuando una cuenta de un servidor de Internet se asociaba al intercambio de archivos.

En la mayoría de los casos, los demandados en EE. UU. generalmente llegan a un acuerdo extrajudicial, sean inocentes o no, por un monto habitualmente superior a los 5.000 dólares, pues este costo es inferior a lo que significaría contratar los servicios de un abogado, explicó Ray Beckerman, abogado especialista en temas de Internet que ha representado con éxito a individuos que la RIAA demandó por intercambio ilegal de archivos en EE. UU.

Un caso que tuvo mucha publicidad, Capitol contra Thomas, previamente considerado una victoria legal de la RIAA, será llevado nuevamente a juicio después de que el juez desestimó el veredicto del jurado que determinaba 222.000 dólares por daños y perjuicios pagaderos por una madre de Minnesota que intercambió 24 temas musicales.

Después de desestimar el veredicto, el juez de distrito Michael J. Davis solicitó la intervención del Congreso para que enmendara la Ley sobre Derecho de Autor, la cual, según él, no se aplica al intercambio de archivos realizado por usuarios.

“Lamentablemente, cuando usó Kazaa, Thomas [la demandada] procedió como muchos otros usuarios de Internet. Sus supuestos actos fueron ilegales, pero comunes”, escribió el juez. “Su condición de consumidora que no procuraba dañar a sus competidores ni perseguía fines de lucro no es una excusa para su comportamiento. Pero la indemnización de cientos de miles de dólares por daños y perjuicios es opresiva y carece de antecedentes”.

El veredicto fue desestimado por lo que, según Beckerman, fueron erróneas instrucciones dadas al jurado.

“Es decir, el juez impartió instrucciones erróneas, el jurado presentó un veredicto impropio y, unos ocho meses después, el juez se percató de que había cometido un evidente error de derecho cuando dio las instrucciones incorrectas al jurado, y en su decisión mencionó que ninguno de los abogados le había informado sobre ello”, señaló Beckerman.

El año pasado, la RIAA comenzó a centrarse en las universidades estadounidenses como parte de una “iniciativa de educación y disuasión”. La RIAA les envió cartas en las que solicitaba que proporcionaran las direcciones IP de los supuestos infractores. De manera similar a la campaña de litigios que se dirigió hacia individuos en EE. UU., en las cartas se advertía que la RIAA podría demandar por daños y perjuicios de hasta 750 dólares por canción y luego se solicitaba un acuerdo extrajudicial de unos 3.000 dólares para evitar el pleito.

Sin embargo, Beckerman considera que la RIAA tiene problemas para ganar los casos contra estudiantes universitarios que llegan a la instancia de juicio.

“La ola se revirtió en aquellos casos [contra las universidades y sus usuarios] porque supongo que los tribunales estadounidenses no estaban preparados para esta arremetida”, estimó Beckerman. “Se encontraron con inmensos paquetes de documentos de grandes bufetes jurídicos, y abundante y sobrecogedora jerga tecnológica. No entendían cuán ilegítimos eran estos litigios”.

¿No es la solución final?

La RIAA y los miembros de la asociación de la industria discográfica que ella representa están de acuerdo en que las demandas judiciales son apenas una pequeña parte del futuro de la distribución musical, habida cuenta del modo en que Internet y la digitalización de la música han creado un nuevo canal de medios que está reestructurando la industria. Incluso actualmente, los formatos de música digital, como las descargas y las ventas de tonos de llamada, representan 2,4 mil millones de dólares en EE. UU. y el 23% de los ingresos de la industria discográfica, según los datos de fines de 2007 de la RIAA.

Ahora que la industria de la música digital se ha convertido en un sector multimillonario a escasos años de su creación, existen numerosos servicios de suscripciones, descargas y transmisión continua interactiva, según Patrick Ross, director ejecutivo de Copyright Alliance.

“En la era digital, las industrias creativas deben ser flexibles para satisfacer los deseos del consumidor y, a su vez, garantizar que se compense a los creadores”, indicó Ross. “En este ámbito hemos presenciado mucha experimentación en el mercado (servicios autorizados a operar sin ninguna idea real de cuál sería el rendimiento, si lo hubiera) junto con una campaña de educación sobre las infracciones a la que siguieron pleitos ocasionales”.

No obstante, las infracciones continúan siendo un gran problema, evaluó Ross, especialmente en los campus universitarios.

“Incluso con una gran cantidad de servicios legales asequibles a disposición del público, no todo el mundo está dispuesto a usarlos para operar legalmente”, expresó Ross. “La industria deberá permanecer alerta, pero ya se ha asegurado por medio de la ley de que los sellos discográficos no pierdan estos derechos”.

Traducido por Fernanda Nieto Femenia

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