Por Kaitlin Mara
Uganda presentó esta semana al comité de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio un plan para abordar sus necesidades prioritarias en materia de comercio y propiedad intelectual, y al hacerlo se convirtió en el primero de los países menos adelantados en establecer una estrategia detallada para la aplicación de las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de la OMC.

Brasil también presentó una comunicación al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC), en su reunión del 17 y 18 de junio, en la que recordó a los delegados allí reunidos que el sistema de propiedad intelectual está “basado en un equilibrio entre derechos y obligaciones”, y sugirió que el debate en la OMC sobre el cumplimiento de las obligaciones del ADPIC se enriquecería al prestársele una mayor atención al Programa para el Desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en particular a sus elementos relacionados con la asistencia técnica a los países en desarrollo.

La Embajadora Gail Marie Mathurin de Jamaica, que presidió la reunión del Consejo de los ADPIC por primera vez desde su nombramiento como presidente, ha sido llamada de nuevo a Kingston a trabajar para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, afirmó un funcionario de la OMC.

Tal como se esperaba, los debates sobre el resto del programa de la reunión del Consejo de los ADPIC transcurrieron rápidamente, siendo aquellos relativos a las tres cuestiones más frecuentemente tratadas “el tema más debatido” en la reunión, a pesar de figurar “sólo sutilmente en el orden del día”, según comentó un funcionario de la OMC. Las posiciones sobre estos asuntos se mantuvieron invariables respecto a las negociaciones anteriores. Camino a la reunión, uno de los delegados predijo que “seguramente no sucedería nada importante” en lo que se refería a estas cuestiones. Al parecer fue una evaluación bastante precisa.

Los tres temas en cuestión son la creación de un sistema de registro de indicaciones geográficas (o IG, es decir, los nombres de productos asociados a una ubicación y características específicas) para vinos y bebidas espirituosas; la posibilidad de ampliar a otros productos distintos el elevado nivel de protección de las indicaciones geográficas del que actualmente gozan los vinos y bebidas espirituosas; y una propuesta para modificar el Acuerdo sobre los ADPIC para armonizarlo con las obligaciones en materia de protección de la biodiversidad establecidas en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. En recientes debates en la OMC se ha intentado unir esfuerzos para que estos temas se examinen en negociaciones más amplias de la OMC, pese a que los Estados miembros que están a favor de una cuestión no necesariamente están a favor de las demás.

Otros temas examinados fueron: la posibilidad de que se les conceda la condición de observador a las organizaciones intergubernamentales, y las respuestas de Vietnam a las preguntas sobre su sistema de propiedad intelectual planteadas en la última reunión del Consejo de los ADPIC.

En lo que se refiere a las organizaciones intergubernamentales, una de las principales cuestiones del debate es si se debería conceder la condición de observador a la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Brasil y la India, entre otros, consideran “absurdo” que la organización no esté presente en las reuniones, cuando varios temas permanentes del programa le atañen directamente, según dijo uno de los partidarios de la modificación del Acuerdo sobre los ADPIC/CDB. Sin embargo, las partes reunidas no alcanzaron consenso al respecto, así que no hay cambios, comentó un funcionario de la OMC.

Cooperación técnica: ¿más efectiva que la observancia?

Una vez más, no se planteó en esta reunión el tema de la observancia, aunque un funcionario de los Estados Unidos dijo que su país “sigue considerando que es un importante tema de debate para el Consejo de los ADPIC” y “esperamos volver a abordarlo en futuras reuniones”.

Por otra parte, un funcionario de un país en desarrollo dijo que era poco probable que la atención centrada en la observancia y el cumplimiento iba a suscitar el apoyo de los países en desarrollo a favor de regímenes de propiedad intelectual más rigurosos.

“Nuestra idea”, dijo la fuente, “es que la propiedad intelectual debería servir de incentivo”. Para que funcione así, es preciso que los países en desarrollo puedan apreciar las ventajas del sistema de propiedad intelectual, por ejemplo, el fomento de la innovación en sectores específicos o la atracción de mayor inversión extranjera.

La comunicación de Brasil refleja un punto similar: la asistencia técnica prestada a los países en desarrollo para el establecimiento de sistemas de propiedad intelectual tiene que evaluarse a fin de garantizar que “contribuya a una aplicación equilibrada del Acuerdo sobre los ADPIC”. Una asistencia técnica eficaz, dice además la comunicación, debe señalar las flexibilidades del sistema de propiedad intelectual, incluida “la prevención y la mitigación de los abusos”.

Es importante que los países en desarrollo estén en condiciones “no sólo de cumplir con sus obligaciones, sino también de beneficiarse de sus derechos”, se añade en el documento de Brasil.

La aplicación de la asistencia técnica en Uganda

En noviembre de 2005 se acordó extender una flexibilidad para los países menos desarrollados contemplada en el artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC, de manera que éstos obtuvieron una prórroga, hasta julio de 2013, para “establecer una base tecnológica viable” antes de que se les exija la aplicación de las disposiciones de los ADPIC. En el mismo artículo se establece que los países desarrollados deberán ofrecer incentivos destinados a propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados. Y el artículo 67 obliga a los países más ricos a prestar asistencia técnica y financiera para facilitar la labor de los gobiernos de los PMA en el establecimiento de sistemas de propiedad intelectual.

Como precursores de la solicitud de asistencia técnica, tanto Uganda como Sierra Leona se convirtieron en los primeros PMA en presentar evaluaciones de las necesidades prioritarias al Consejo de los ADPIC en octubre de 2007, en las que se enumeraron los temas más críticos que necesitaban abordarse para mejorar la capacidad de gestión de propiedad intelectual de ambos países. En este proceso recibieron el apoyo del instituto independiente de estudios e investigaciones, el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD), cuyo oficial de programas Fleur Claessens dijo que la organización tiene previsto ampliar su programa de evaluación de necesidades en materia de PI a otros países, comenzando con Ruanda.

En las evaluaciones se pide: la formación de especialistas en propiedad intelectual y la mejora de la capacidad humana en las oficinas de propiedad intelectual; la modernización de la infraestructura de PI, incluida la digitalización de datos sobre patentes y marcas; la sensibilización de los consumidores, así como de la policía y los funcionarios de aduanas, en cuestiones de propiedad intelectual; y, el acceso a las redes que contienen los acuerdos nacionales e internacionales de propiedad intelectual. Sierra Leona solicitó además apoyo financiero para viajes de manera que pueda participar en las reuniones de la OMC y la OMPI, y desea tener acceso a las tecnologías existentes para fomentar la innovación local.

Los retrasos debidos a unas elecciones decisivas y a la posterior transición del gobierno en Sierra Leona significa que su documento de proyecto, en el que se establecen medidas, un programa de trabajo y un presupuesto para atender las necesidades prioritarias, todavía está sin terminar. Los funcionarios de Sierra Leona le dijeron a Intellectual Property Watch que se han comprometido a elaborar el documento, muy probablemente para la próxima reunión del Consejo de los ADPIC en octubre.

El reciente documento de proyecto de Uganda, el primer programa presentado por un PMA para cumplir con sus obligaciones de los ADPIC para 2013, establece medidas para la mejora de cuatro “bloques” de cuestiones de propiedad intelectual: la regulación, la gestión, la observancia y la difusión de la propiedad intelectual. Un “marco lógico” para la aplicación de las medidas señala “indicadores objetivamente verificables” para medir el éxito, incluidas las fuentes en las que podrían hallarse estos indicadores. Por ejemplo, para evaluar los incrementos de la propiedad intelectual en su propio país, en el documento se sugiere dar seguimiento al aumento porcentual del registro de derechos de propiedad industrial, la comercialización de la PI, y la concesión de licencias de marcas en el país, que son estadísticas que posee la Oficina de Servicios de Registro de Uganda.

En el documento también se establece una estrategia para identificar a los administradores, para garantizar la rendición de cuentas a través de auditorías, seguimiento y presentación de informes, y para hacer frente a los riesgos. La aplicación de la primera fase tiene un costo global previsto de 3 millones de dólares EE.UU., y se espera que comience en septiembre de 2008 y finalice en diciembre de 2011.

El documento fue bien acogido, según un funcionario del gobierno de Uganda, una opinión compartida por varios otros delegados. Si bien aún no se han recibido ofertas concretas de financiación o apoyo en especie, muchos Estados miembros han expresado su aprobación del plan y parece probable que prestarán su apoyo, según dijeron varias fuentes.