Por Tove Iren S. Gerhardsen y Drew Clark para Intellectual Property Watch

A pesar de los esfuerzos realizados por el Presidente del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el que se negocia un tratado sobre los derechos de los organismos de radiodifusión, no se logró acercar las posiciones de las naciones. Además, parece debilitarse el apoyo al tratado por parte de Estados Unidos, lo cual crea condiciones adversas para la sesión final de este año.

El SCCR se reunirá entre el 18 y 22 de junio, en una sesión considerada como “la hora de la verdad”, antes de decidir si se debe proseguir con una conferencia diplomática (negociación formal de alto nivel) sobre el tema, programada para el mes de noviembre.

Jukka Liedes, Presidente del SCCR, preparó en mayo un documento oficioso sobre la base de consultas y comunicaciones de los miembros; sin embargo, el documento no pareció acercar las posiciones de los miembros con vistas a hallar una solución al controvertido tema. Este es el segundo documento oficioso sobre el tema y en él se incorporan los comentarios presentados por Estados miembros y organizaciones respecto del documento oficioso del 9 de marzo.

Según se informó, muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) alegan que el documento oficioso no refleja adecuadamente las posiciones de los países sobre asuntos como la diversidad cultural, la competencia y las limitaciones y excepciones.

Una cuestión pendiente fundamental es si el nuevo tratado debería basarse en un “régimen centrado en los derechos” de los organismos de radiodifusión o solamente en el “robo de señales”. El segundo enfoque implica que los derechos sólo abarcarían las señales técnicas y no el contenido, lo que muchos aducen ya se encuentra amparado en la ley de derecho de autor.

Pareciera que las cuestiones principales de debate son los “derechos exclusivos” concedidos en el documento oficioso a los organismos de radiodifusión para autorizar “la retransmisión de sus emisiones y la transmisión diferida al público por cualquier medio de sus emisiones fijadas” (artículo 7). Algunos afirman que esto podría ser problemático en relación con la difusión por Internet. Otra preocupación reside en que el tratado concederá protección contra el acto de “descodificar una emisión codificada” (artículo 9), ya que se ha señalado que cualquier computadora puede hacerlo.

Además, en el documento oficioso se afirma que “se procura reconocer plenamente el enfoque ‘centrado en las señales’”, disposición impartida por la Asamblea General de 2006 y el SCCR. No obstante, diversas ONG expresaron su desacuerdo y señalaron que dicho documento está muy centrado en los “derechos”, y esto, según afirman, es contrario a la ley estadounidense.

Por otro lado, los organismos de radiodifusión parecen haber dado un ultimátum: “Durante la preparación del documento oficioso, los representantes de los organismos de radiodifusión formularon un planteo muy serio que no puede ser desatendido. Si el tratado no se basa en algunos derechos elementales y absolutamente necesarios, no tiene sentido llevar adelante el proceso”.

“Por lo tanto, el documento oficioso incluye ahora, como parte esencial de la protección, derechos específicos del tipo de los derechos conexos en dos casos en los que la protección de una señal es particularmente pertinente, a saber, la retransmisión y la transmisión diferida”, versa el documento.

Con el fin de marcar los desafíos de la sesión de junio, el Presidente también señala que la elaboración del documento oficioso ha sido “compleja, habida cuenta de que las opiniones y los comentarios formulados por las delegaciones son sumamente divergentes y, en muchos casos, apuntan en direcciones opuestas”.

Thiru Balasubramaniam de Knowledge Ecology International dijo a Intellectual Property Watch que el “texto del 1º de mayo de 2007 del Presidente Jukka Liedes es un lobo disfrazado de cordero que procura imponer al resto del mundo el régimen sobre señales de radiodifusión de la Comisión Europea, caracterizado por la obtención de beneficios”.

Un grupo de empresas y ONG estadounidenses emitieron una declaración el 9 de mayo en la que se oponen al proyecto de texto actual e instan a Estados Unidos a respetar el modelo centrado en el “robo de señales”. Dicho grupo está formado por, entre otras partes: AMD, AT&T, Creative Commons, Free Press, Google, Hewlett Packard, Panasonic Corporation of North America, Public Knowledge y diversos grupos de músicos y bibliotecas, por ejemplo, la American Library Association, el International Music Managers Forum y el Music Managers Forum de Estados Unidos.

Parece disminuir el apoyo de Estados Unidos al tratado

WASHINGTON, DC – Prácticamente a ninguno de los participantes del reciente foro gubernamental celebrado en esta ciudad le agradó el tratado propuesto de protección de los organismos de radiodifusión, que aún se encuentra en fase de negociación en la OMPI.

El tratado no fue bien recibido ni por las empresas informáticas, ni por las empresas telefónicas, ni por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ni tampoco por los grupos de consumidores. Incluso uno de los principales organismos de radiodifusión, la National Public Radio (NPR), se opuso al tratado propuesto. “A menos que se nos conceda un nivel adecuado de derechos con consideración de la doctrina del fair use, preferiríamos que no haya tratado”, afirmó Neil Jackson, Asesor Jurídico General de la NPR.

Esto dejó a Ben Ivins, Asesor Jurídico General de la Asociación Nacional de Organismos de Radiodifusión, en una soledad casi absoluta para apoyar el tratado propuesto. En el foro del 9 de mayo, que tuvo lugar en la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso, Ivins llamó al proyecto actual del Comité, o al documento oficioso del Presidente, una acción “en la dirección correcta”.

Ivins señaló que más de 20 países respaldaban “una serie completa de derechos exclusivos” para los organismos de radiodifusión. En referencia al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) de 1996, que concedió protecciones similares a las que se dan en el ámbito de los derechos de autor a los artistas intérpretes o ejecutantes y a empresas discográficas, Ivins señaló que “el WPPT es el paradigma correcto. No vemos ninguna razón, que no sean diferencias de menor importancia, para desviarnos de ese paradigma”.

Ivins comentó que había solicitado a los detractores que “proporcionaran ejemplos concretos de lo que sucedió de hecho en regímenes de todo el mundo en los que se otorgan muchos más derechos” a los organismos de radiodifusión. Otras empresas cuyos representantes se expresaron sobre el tratado incluyeron News Corp., Time Warner y una empresa consultora europea en telecomunicaciones y derechos de autor.

Estados Unidos no es signatario de la Convención de Roma de 1961, que concedió derechos exclusivos relativos a las señales a los organismos de radiodifusión. En Estados Unidos, dichas señales no son objeto de protección por derechos similares a los de derechos de autor, aunque el contenido subyacente de las emisiones está protegido por derecho de autor.

Sin embargo, la opinión de Ivins es contraria al equilibrio entre los intereses de la industria estadounidense y los de la sociedad. En particular, la mayoría se opone al enfoque de los “derechos exclusivos” incorporado en el documento oficioso actual. Además señalaron que dicho documento no adopta el enfoque más limitado (la prohibición del robo de señales) que la Asamblea General de la OMPI pareció refrendar al final del período de sesiones celebrado entre septiembre y octubre de 2006.

“En el documento oficioso no se dio respuesta y ni siquiera se abordó ninguna de estas inquietudes que hemos planteado en [foros] anteriores”, comentó Gwen Hinze, Directora de Asuntos Internacionales de la Electronic Frontier Foundation.

En alusión al documento oficioso actual, David Wittenstein, abogado de Dow Lohnes que representa a Dell, Intel y a TiVo, afirmó “el artículo 9 prohíbe que se importe o se realice acto alguno que pueda descodificar una emisión”. El texto del artículo 9 exige a los signatarios del tratado que “conced[an] protección jurídica adecuada y eficaz contra el acto no autorizado de” descifrar señales de radiodifusión.

A estas empresas electrónicas les preocupa el hecho de que el tratado pueda perjudicar su capacidad de fabricar dispositivos de redes domésticas. “Prácticamente todos los dispositivos pueden descodificar las emisiones. Está claro que no es necesario regular las computadoras para proteger las emisiones”.

[Para obtener más información sobre la reunión estadounidense, consulte www.ip-watch.org, 21 de mayo de 2007.]